os 11 ciudadanos detenidos la noche del 20 de noviembre, al final de una marcha ejemplar e histórica, por pacífica y exigente, se suman a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, a los más de 60 mil muertos de la guerra declarada por el gobierno anterior y en éste continuada, a los cientos, quizás miles de bajas colaterales
, a otros incontables desaparecidos y a los miles de consignados sin culpa, a los numerosísimos que han sido víctimas de errores o corruptelas de policías, fiscalías y jueces. La suma es entonces enorme y 11 o 43 parecen minucias, pero no lo son, representan la gota que derrama el vaso, el detonante, el colmo.
Esos 11 quedaron envueltos en el torbellino de la crueldad y la barbarie
que exorcizó Enrique Peña Nieto en su discurso del jueves pasado, parece que los jueves van marcando hitos en la historia reciente. Fueron como se ha podido ver en videos y como se ha escuchado en testimonios, como ellos mismos lo declararon, detenidos en forma arbitraria y al azar, sin haber participado en el incidente final violento, que parecía actuado para la televisión, en el que un pequeño grupo de provocadores, bien coordinados y organizados, representó su parte en el drama, con lujo de efectos especiales y con exceso de violencia real o aparente.
El choque con granaderos locales y federales, al inicio del incidente, parecía una terrible pelea de los rijosos, anarcos
o como se les llame, con los policías armados de escudos y toletes, pero a los pocos minutos, el enfrentamiento terminó, casi tan rápido como había comenzado y lo que siguió fue una represión indiscriminada contra todos los que se retiraban ya del Zócalo y una persecución a quien fuera en calles aledañas.
Digo que los 11 detenidos son víctimas de un exceso, además de injustamente acusados, entre otras cosas, porque se les envío sin razón alguna a las lejanas cárceles de alta seguridad de Veracruz y de Nayarit, y a disposición de jueces de esas entidades, sin otro objetivo aparente que dificultar a familiares y defensores acceso a expedientes, a comunicación con los apresados y a una defensa oportuna y organizada.
Les aplicaron el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que encierra en su último párrafo, una grave injusticia y deja a la Procuraduría General de la República la facultad discrecional de escoger el lugar y el juez federal que sea de su agrado, según sus intenciones.
Ese artículo dice que será competente para conocer de un asunto un juez de distrito distinto al del lugar de comisión del delito, si por razones de seguridad en las prisiones, atendiendo a las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y a otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, el Ministerio Público Federal considera necesario llevar el ejercicio de la acción penal ante otro juez
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El precepto abiertamente confiere una facultad discrecional, por que no exige expresión de razones o motivos para enviar a un inculpado al juez más lejano a su domicilio, basta que el Ministerio Público lo considere necesario
.
La verdad es que los estudiantes, y otros ciudadanos detenidos el 20 de noviembre, no representan ningún riesgo para que sus procesos puedan considerarse en peligro de un desarrollo no adecuado
; la decisión de enviarlos lejos de donde sucedieron los acontecimientos y desde luego de los domicilios de los ahora sujetos a proceso penal, debe ser explicada cabalmente, por que la sospecha que se va generalizando es que la determinación tan arbitraria, está encaminada a desalentar las manifestaciones y las protestas, esto es, se trata de intimidar, de inhibir el derecho a expresar críticas y exigencias a las autoridades, como la Constitución permite.
En el discurso del jueves, al exponerse las propuestas para afrontar la crisis política y de gobernabilidad por la que pasa el país, no se hizo ninguna mención a lo que sucedió en el Zócalo y a lo largo de Reforma y Juárez; tampoco se dio explicación alguna acerca de uno de los motivos reiterados en carteles y consignas durante la marcha, que es el de la casa del Presidente y su familia, puesta en entredicho por la forma en que llegó a su patrimonio.
Tratar de recuperar credibilidad y dar gobernabilidad al país exige que se afronten cabalmente los problemas causantes de indignación popular; no basta rechazar la violencia de palabra; uno de los motivos por los que el pueblo se encuentra descontento y decepcionado de sus autoridades es que se eluden las razones. Esperábamos oír explicaciones y propuestas; sobre la injusticia ejercida de arriba abajo, y sobre la falta de claridad y transparencia en el otorgamiento de las grandes obras del sexenio, y especialmente algo acerca del reclamo de renuncia, pero estos puntos fueron eludidos. Los agravios se siguen acumulando.
*Texto elaborado el 28 de noviembre, antes de la liberación de los 11, el día 29.
