McAllen.

Carlos Samuel Villar desciende de una camioneta tras nueve horas de viaje continuo. Ha cubierto la primera parte de su travesía rumbo a Baltimore desde El Paso, en la frontera con Ciudad Juárez, adonde espera volver en una semana con un puñado de autos compactos usados para venderlos antes de terminar el año. Si quieres alcanzar un equilibrio entre costo y beneficio, hay que ir hacia el noreste en busca de los mejores carros, dice.

Durante tres décadas, Villar ha operado en ambos lados de la frontera hasta convertirse en un experto en el negocio de los autos chocolates. Fundó y dirigió la Unión de Comerciantes de Vehículos Usados en su natal Juárez, hasta que en 2008 desintegró la sociedad y volvió a trabajar por su cuenta.

Un decreto presidencial emitido el 24 de diciembre de ese año frenó la boyante importación de automotores usados. La nueva disposición sólo permitía el ingreso a territorio mexicano de vehículos con antigüedad menor a 10 años y cuyos componentes fueran, en su mayoría, fabricados en países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además, elevó el impuesto a la importación.

Tras la promulgación del decreto desaparecieron ocho de cada 10 comercializadoras de autos chocolates asentadas en la frontera. De un año a otro, las importaciones pasaron de 1.1 millones a 240 mil, según la Asociación Mexicana de la Industria de Automotores.

Pero con un mercado como el de Estados Unidos, que anualmente desecha 12 millones de vehículos usados, las nuevas reglas beneficiaron a una red que incluye como intermediarios a funcionarios del fisco y del sistema judicial, que operó para mantener las importaciones mediante amparos contra las nuevas disposiciones del gobierno de Felipe Calderón.

Los vehículos que Villar adquiere luego de cruzar de un extremo a otro Estados Unidos forman parte de un parque de más de siete millones de autos usados, equivalente a la cuarta parte del total de los que circulan en México. Apenas ingresan por cualquiera de los puntos fronterizos de Tamaulipas a Baja California, apuntalan uno de los pilares de la economía informal.

Desde la década de 1970, 15 intentos de regulación

De costa a costa, las subastadoras que operan en suelo estadunidense, donde se remata buena parte de los carros desechados en ese país, son fuente de suministro para una amplia clientela mexicana, la mayor parte de ella de bajos recursos.

Por los cruces internacionales de Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, ingresan poco más de 3.2 millones de vehículos por mes. Una cuarta parte son extranjeros y unos 20 mil ya no retornan a su país de origen. De acuerdo con Banjército, en una década, sólo por esos dos puntos fronterizos, habrían ingresado cerca de 2.5 millones de autos chocolates.

Desde mediados de la década de 1970, el gobierno mexicano ha aplicado más de 15 programas de regulación para ese tipo de automotores, la mayoría en épicas previas a elecciones. Ninguna ha ido al fondo.

A pesar de las disposiciones regulatorias, incluidos decretos presidenciales, el problema no ha sido resuelto debido en parte a la ambición que genera uno de los mercados más lucrativos del país.

La corrupción que rodea los autos usados es enorme, como todo lo que ocurre en México, afirma Daniel Cereceres Rosales, presidente de la Federación de Comerciantes de Autos en la Frontera.

Es por ello que el gobierno federal no ha aceptado las propuestas resolutivas que se le han presentado, y la misma razón por la que no entraron en vigor las importaciones de acuerdo con los términos del TLCAN, agrega.

Según el tratado, se debió permitir a los ciudadanos mexicanos importar vehículos de Estados Unidos y Canadá desde 2009. El requisito era que se tratase de autos de no más de 10 años. Con intervalos de dos años, la antigüedad del vehículo iría decreciendo hasta 2019, cuando sería posible adquirir un automóvil usado último modelo. La medida no prosperó.

En agosto de 2005, el gobierno de Vicente Fox decretó el ingreso de unidades usadas como jamás se había hecho. El entonces mandatario expuso que la finalidad era que mexicanos de escasos recursos tuvieran oportunidad de comprar un vehículo sin mayor contratiempo

Por eso los requisitos fueron laxos: los autos debían tener una antigüedad de entre 10 y 15 años al momento de su importación y solo se cubriría un arancel de 10 por ciento.

Al año siguiente entraron 1.7 millones de carros. Esto irritó a los grandes empresarios del ramo, quienes en 2006 vieron frenado su ascenso en el mercado interno, con 1.1 millones de unidades vendidas.

Desde entonces, según Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la importación de 7.5 millones de carros usados dejó sin empleo a 350 mil personas.

La adquisición de autos nuevos debería rondar dos millones de unidades, pero sólo se han colocado poco más de la mitad en 2014, la misma cifra que hace una década. En contraste, las exportaciones sobrepasaron 3.1 millones de vehículos este año.

De acuerdo con la Organización Mundial de Constructores de Automóviles, la industria contrata de manera directa 12.5 millones de individuos y genera 60 millones de empleos indirectos. De éstos, México concentra 19.8 por ciento. Tal fuerza equivale a 3.5 por ciento del producto interno bruto.

Esa derrama es la que defiende la organización presidida por Solís, ex funcionario de la Secretaría de Economía, quien desde 2006 encabeza las exigencias para frenar el paso de vehículos usados.

En septiembre pasado, Coahuila modificó una ley con ese propósito. Entre otros puntos, prohíbe la circulación de vehículos con placas distintas a las oficiales y ordena el decomiso de unidades chocolates.

El ex gobernador y actual secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez, preside el Grupo Empresarial Martínez y Coahuila Motors, ambas relacionadas con la comercialización de autos y camiones. También es propietario de Camiones y Maquinarias de Coahuila, principal distribuidora de vehículos Chrysler, Dodge y Jeep en Saltillo.

El ex gobernador de Baja California Eugenio Elorduy encabeza Grupo Autopasión, empresa familiar fundada en 1939. Es distribuidor de vehículos Ford y tiene un conglomerado de compañías de servicios, refacciones, y compraventa de automotores de todas las marcas.

EL TLCAN fue violentado por los grandes intereses de gente muy poderosa, acusa Daniel Cereceres, presidente de la Federación de Comerciantes de Autos en la Frontera. Lo que se ha logrado no remedia nada de fondo; por el contrario; abre nuevos campos para la corrupción y el enriquecimiento de unos cuantos, señala.

Pone como ejemplo lo ocurrido a mediados de noviembre pasado, cuando un magistrado de circuito, un juez federal y cinco secretarios de juzgado fueron sancionados después de que una investigación demostró irregularidades en la concesión de amparos que permitieron la importación de autos chocolates tras el decreto presidencial de 2008. Sin embargo, subraya, la importación mediante amparos continúa.

La gente está muy jodida como para aspirar a comprarse un carro nuevo, comenta Carlos Samuel Villar antes de reanudar su marcha a Baltimore. “Uno trata de importar conforme a la ley, y así debiera ser. El gobierno recaudaría unos 7 mil millones de pesos, pero las reglas son absurdas porque obedecen a los intereses de empresarios y políticos muy poderosos. Mientras esto persista, jamás terminarás con los autos chocolates. La corrupción genera ilegalidad”.