Antes de las 10 de la mañana, los abogados defensores y familiares de las 11 personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de motín, asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa supieron que los inculpados serían absueltos de los cargos que les imputaron los agentes de la Policía Federal (PF) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR), y abandonarían las prisiones de máxima seguridad en que fueron internados.

La noche del pasado 20 de noviembre, un grupo de hombres encapuchados –supuestos integrantes de grupos anarquistas– realizaron actos vandálicos contra Palacio Nacional y se enfrentaron con cohetones, bombas molotov, piedras y palos a los elementos de la PF.

Tras los actos de violencia, policías capitalinos y federales desalojaron la Plaza de la Constitución y persiguieron por las calles aledañas a los supuestos responsables. Detuvieron a un total de 26 personas, de las cuales 15 fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y 11 ante la PGR: Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (ciudadano chileno), Luis Carlos Ricardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian o Liliana Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas.

Todos fueron capturados en las inmediaciones del Zócalo capitalino en diversas circunstancias, ya que algunos habían asistido a la manifestación pacífica en apoyo de los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, y en otros casos andaban en bicicleta o regresaban de la escuela a sus casas.

Desde esa misma noche, en redes sociales diversas cuentas reportaron abusos policiacos y detenciones arbitrarias. Sin embargo, fue hasta el día 21 que en las escalinatas de la PGR alumnos de diversas escuelas de niveles medio y superior, y principalmente de escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, protestaron contra las detenciones arbitrarias.

Los manifestantes reportaron violaciones a los derechos humanos y a las garantías legales de los 11 detenidos por parte de policías locales y federales, así como de los funcionarios de la PGR, ya que fueron golpeados durante su traslado y en las instalaciones de la Seido se les mantuvo incomunicados y no se les permitió designar abogados de su confianza durante sus declaraciones ministeriales.

Este sábado, La Jornada publicó información obtenida directamente del expediente del proceso penal 45/2014, donde se muestra que la Seido los acusó sin pruebas sólidas, por lo que se esperaba que los dejaran en libertad.

Compañeros y familiares de los inculpados solicitaron la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos ante las violaciones registradas, y la posibilidad de que habiendo sido detenidos lejos de la zona donde se registraron los actos vandálicos, la PGR los consignara por actos de terrorismo, ya que por ese delito empezó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/194/2014.

La Seido mantuvo en sus instalaciones a los detenidos durante casi 48 horas, y mientras los familiares organizaban la defensa legal, el Ministerio Público Federal los trasladó –sin que nadie se diera cuenta– a los penales 4, en Tepic, Nayarit, y 5, en Villa Aldama, Veracruz, ambos de máxima seguridad. Las mujeres fueron encarceladas en el primero y los hombres en el segundo.

Durante los días subsecuentes, abogados privados y defensores de oficio acordaron la estrategia a seguir; el primer paso fue solicitar la duplicidad del término legal de 72 a 144 horas, a fin de contar con tiempo suficiente para presentar pruebas de la inocencia de sus defendidos.

Ayer, casi a las 11 de la mañana, el juzgado 17 notificó que los 11 quedan libres por falta de elementos para procesarlos, pues los que dio la PGR no fueron suficientes, informó la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Karla Micheel Salas.

Las organizaciones que trabajamos en la defensa de los acusados, entre ellas la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, coincidimos en que después de esta resolución importante deben renunciar el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Seguridad Pública del DF, Jesús Rodríguez Almeida, subrayó.