San Luis Potosí, SLP.

Luz Guadalupe Zamarripa Benítez llegó caminando al hospital central Ignacio Morones Prieto de esta capital, el 29 de septiembre de 2009 para que le practicaran una biopsia de médula espinal y saber las causas de un dolor de espalda. Once días después salió en silla de ruedas.

Luego de cinco años de litigio, la institución pública no ha querido reconocer la responsabilidad de los médicos que la dejaron parapléjica presuntamente por una cirugía mal hecha.

Octavio Alfredo Castilleros González, director del hospital, aseguró que si un juez dictamina que hubo responsabilidad del nosocomio, se procederá a indemnizar a la afectada o acatar lo conducente. Dijo que no ha recibido solicitud alguna de la quejosa para recibir ayuda por incapacidad.

Zamarripa Benítez, de 33 años de edad, no tiene movilidad de la cintura para abajo, su carrera de licenciada en administración se interrumpió y lo más grave es no poder subsistir por medios propios como antes.

En septiembre de 2010 presentó la denuncia penal 030/2010 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo titular es Miguel Ángel García Covarrubias, institución que tardó más de tres años en integrar la averiguación previa por el delito de lesiones por culpa. No obstante que el proceso penal se encuentra en el juzgado cuarto penal, no se le ha reparado el daño irreversible y ni los médicos señalados ni el hospital han contribuido con los gastos generados desde entonces.

La averiguación 030/2010 está radicada en la agencia número dos de la Unidad Especializada en Asuntos Relevantes, consta de más de 300 hojas que incluyen peritajes, declaraciones de los doctores implicados, informes de peritos, tanto de la PGJE como independientes, oficios e informes de las comisiones estatal y nacional de arbitraje médico.

El abultado legajo se debe a la larga lista de violaciones a los derechos de la afectada, a la que debe añadirse la negativa de José Ángel Morán Portales, en ese entonces responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que rechazó tomar el caso. Simplemente informó que esa institución no es competente para estos casos.

El juzgado cuarto no liberó la orden de arresto contra los dos médicos pues según la juez la PGJE no aportó las pruebas suficientes para presumir la responsabilidad de los galenos.

Para Ángeles Benítez Aguilar, madre de Zamarripa Benítez, la responsabilidad de los médicos es clara, dado que su hija ingresó al nosocomio caminando y tras ser operada no volvió a hacerlo, debido a lo cual presentó una queja ante la contraloría interna de la PGJE para que se deslinde la responsabilidad del agente ministerial que integró la averiguación previa, así como una nueva denuncia ante la CEDH.

Lo único que buscamos es que los médicos se responsabilicen de sus actos, que mi hija recupere en lo posible su calidad de vida y si el Ministerio Público no hizo bien su trabajo que también sea investigado, exigió

Por medio de un defensor de oficio, la madre decidió apelar la resolución de la jueza, para lograr que los dos médicos acusados de lesiones por culpa y delitos contra la fidelidad profesional sean sancionados y se les obligue a la reparación del daño.