El Zócalo luce apacible, sin las expresiones de la revuelta ciudadana que trae agitado al país desde hace dos meses por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta ocasión está enrejado por el Estado Mayor Presidencial para que los poderes de la República se reúnan –sin posibilidad de que haya protestas– en la intimidad de Palacio Nacional a escuchar la ruta presidencial para salir de la emergencia.

Iguala ha partido en dos este sexenio. El propio presidente Enrique Peña Nieto lo asume: Después de Iguala, México debe cambiar, enfatiza en el preámbulo de una pieza oratoria con tintes refundacionales. Un discurso casi de toma de protesta.

Sólo que ahora lo hace en un entorno sombrío, quizá el episodio nacional más doloroso en lo que va del milenio, que lo lleva a recoger, como padre de familia y como ciudadano, aunque con cierto pudor, el grito: ¡Todos somos Ayotzinapa!

Y también lo hace con prudente olvido de un grito similar surgido en mayo de 2012: ¡Todos somos 132!

El decálogo peñista para salvar el destino nacional encuentra frías respuestas en la concurrencia. Las consabidas ovaciones reverenciales, propias de cada mensaje a la nación, se quedan en tímidos y aislados aplausos que se apagan rápidamente.

No, esta vez no hay nada que aplaudir, parece ser el mensaje implícito. La República no está para complacencias. Y aunque él se empeña en mencionarlas, a estas alturas parecen muy lejanos los meses en que se anunciaba la inserción de México al primer mundo con la mera aprobación de las reformas estructurales, prioridad y obsesión del Presidente.

¡Todos somos Ayotzinapa! demuestra el dolor colectivo, asume el Presidente. Y es el único grito que recoge de las multitudinarias marchas, junto al cual siempre se lanza otro: ¡Fuera Peña!

Consigna que no merece ningún mea culpa presidencial. En la asignación de responsabilidades que reparte, los dados están cargados hacia las alcaldías, único de los niveles de gobierno donde ubica el riesgo de penetración del crimen organizado.

Así, en 36 minutos, y al cumplir casi dos años de gestión, Peña Nieto reconoce un país partido en dos: el del norte y el Bajío, que mira hacia su inserción global, y el del sur, que arrastra su marginación y su pobreza ancestrales.

Pero también concede en otros diagnósticos: llama debilidad institucional a lo que otros califican, para describir la realidad nacional, de Estado fallido.

En el patio central de Palacio Nacional se montó una escenografía propia de los grandes anuncios. El gabinete en pleno y los 32 gobernadores flanqueaban al mandatario, único orador en la ceremonia.

Con la disciplina tricolor a cuestas, el líder del Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz, acude puntual a la cita. Busca salir apresuradamente de Palacio, pero antes garantiza sin matices los votos legislativos de su partido para las iniciativas presidenciales. Así, rápido, sin conocerlas todavía.

Y aunque Guerrero es origen de las reflexiones y buena parte de los anuncios presidenciales, el gobernador interino Rogelio Ortega no se detiene a cumplir las formas. Llegó tarde a la ceremonia. Tanto, que no escuchó las reflexiones sobre Iguala. Pero eso no lo inhibe para despegarse del chat en su teléfono celular, incluso en el momento en que se anuncia la reconversión económica de la entidad que gobierna.

Guerrero, Chiapas y Oaxaca, con su miseria y su marginación, serán ahora prioridad gubernamental y quizá puedan motivar al Presidente a visitar Oaxaca –con todo y la rebelión magisterial contra la reforma educativa–, algo que no ha ocurrido en los dos años que lleva en Los Pinos.