La Contraloría General del Distrito Federal agotará todos los mecanismos legales para que se paguen las sanciones económicas que ha impuesto a diversos funcionarios públicos por irregularidades en la construcción de la línea 12 del Metro y que en total suman más de 21 mil millones de pesos, señaló el titular de la dependencia, Hiram Almeida Estrada.

Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, señaló que la mayoría de los implicados han interpuesto recursos contra las sanciones impuestas, incluido el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, a quien se inhabilitó por 23 años para ocupar cargos públicos y se dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal— por lo que vamos a contender cualquier ejercicio de defensa que se presente, pues estamos seguros de la legalidad de las sanciones.

Varios de los 48 servidores públicos que han sido señalados hasta ahora con responsabilidad administrativa por las fallas en la construcción de la llamada línea dorada, también se les aplicó multas millonarias, como a Moisés Guerrero Ponce, ex director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, con 3 mil 687 millones 146 mil pesos.

Dichas sanciones, explicó Almeida Estrada, se determinaron bajo el principio constitucional del perjuicio causado al erario, al no solventar las observaciones generadas de las auditorías aplicadas, y aclaró que son independientes de una eventual reparación del daño, pues para ello habrá otras acciones tanto en el ámbito judicial como administrativo.

Reconoció que son las sanciones económicas más altas que se han impuesto en la ciudad de México a funcionarios públicos. “La desproporción que pudiera considerarse –dijo– obedece a los temas específicos en que cada acto emitido por alguno de estos servidores o ex servidores, generaron de afectación. Sin embargo, insisto, no buscamos que las multas tengan un tema de resarcimiento sobre esos actos”, dijo.

Por otra parte, agregó que será a finales de enero cuando se den a conocer los resultados de la tercera etapa de investigación por el caso de la línea 12, derivado de las ocho auditorias e investigaciones que continúan abiertas y que están relacionadas principalmente con el tema de compatibilidad de llantas y rieles, así como la adquisición de los trenes.

El funcionario no descartó que se puedan aplicar sanciones al consorcio constructor, integrado por ICA, Alstom y Carso, y otras empresas que participaron tanto en la realización de la obra como en la supervisión de la misma, pues se tiene abierta una investigación sobre la calidad de materiales utilizados.