A cinco años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla –ocurrida el 25 de agosto de 1974 en Guerrero, a manos de soldados–, las autoridades del país han fallado en investigar adecuadamente su paradero, así como en identificar y sancionar a los responsables.

Así lo manifestó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que lamentó que la sentencia “no logró mover a la Procuraduría General de la República para que investigara diligentemente los demás casos de desapariciones forzadas de la guerra sucia”.

El colectivo recordó que la CIDH estableció en su fallo que la desaparición del señor Radilla Pacheco no sólo es, a todas luces, contraria al derecho a la libertad personal, sino además se enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas.

La CMDPDH consideró que el Senado y la Cámara de Diputados también han incumplido la sentencia de la Corte, ya que no han logrado reformar adecuadamente el Código de Justicia Militar para evitar que todos los casos de desaparición forzada de personas, entre otros delitos contra los derechos humanos, sean juzgados por tribunales ordinarios y no por los llamados juzgados militares.

De igual forma, tampoco han modificado el Código Penal Federal para definir adecuadamente como delito penal la desaparición forzada de personas.

La sentencia del caso Radilla por la CIDH ha sido de enorme trascendencia para la cultura jurídica mexicana. Sin embargo, no ha sido suficiente para la erradicación de la desaparición.