En la víspera que sea presentado un nuevo plan anticrimen para el país, sustentado en otro esquema de mandos policiales, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió que los elementos de seguridad reprobados en los exámenes de control de confianza deben ser despedidos.

El más reciente reporte de las entidades federativas, entregado al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), indica que 38 mil 693 elementos estatales y municipales de instituciones de seguridad pública no aprobaron las evaluaciones, además de unos 3 mil adscritos a instancias federales, como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Migración.

En los ayuntamientos es donde hay mayores porcentajes de no aprobados, a quienes el SNSP clasifica también como en proceso de depuración.

Hemos sido claros con los gobernadores, con las entidades, que tienen que separarlos de su responsabilidad. No pueden estar en las calles en funciones de policía, en ningún estado o municipio, dijo Osorio Chong.

De la convocatoria que emitirá hoy el presidente Enrique Peña Nieto ante funcionarios, legisladores y representantes de grupos civiles, confirmó –como lo adelantó este diario– que se propondrán cambios a fondo en el mando único policial.

“Es parte de lo que veníamos trabajando junto con los municipios y estados. Por supuesto que es un momento para hacerlo uniforme para todo el país.

Hoy tenemos prácticamente en todo el país diferentes convenios y acuerdos entre gobernadores y presidentes municipales que hablan de mando único. Lo que hay qué hacer es uniformar esos acuerdos, señaló en entrevista.

La nueva convocatoria presidencial (en la que no se descarta la promoción de iniciativas de reforma a las leyes vinculadas con las atribuciones de los municipios en materia de seguridad) tiene su origen en el ataque y desaparición de un grupo de normalistas de Guerrero.

En México hay más de 400 mil policías estatales y municipales. Según los diagnósticos oficiales, en estas últimas se concentra el mayor problema de infiltración del crimen organizado, debido a su bajo nivel de capacitación, ingresos salariales y prestaciones sociales.

También han sido las más afectadas por ataques y venganzas de las bandas delictivas. Tan sólo entre 2006 y 2013, más de 2 mil 600 agentes fueron abatidos, de acuerdo con registros de la ex Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal e información proporcionada por el SNSP.

Otros 2 mil 500 agentes municipales y estatales han sido detenidos y consignados por su participación en grupos criminales, entre estos Los Zetas, La familia michoacana, Los caballeros templarios, cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, del Golfo, Los Rojos, Guerreros Unidos y Jalisco Nueva Generación.

Los informes de la extinta SSP federal, dirigida por Genaro García Luna, contabilizó hasta noviembre de 2011, 3 mil 50 policías asesinados por presuntos integrantes del crimen organizado, de ellos 47 por ciento pertenecía a corporaciones municipales, 35 por ciento a estatales, como policías judiciales y preventivos.

En julio de ese mismo año, García Luna informó al Congreso de la Unión que “de diciembre de 2006 a junio 2011 han fallecido 2 mil 886 elementos de seguridad pertenecientes a los tres niveles de gobierno, por ejecución, enfrentamientos y agresiones contra la autoridad. Las corporaciones policiacas municipales son quienes reportan el mayor número de fallecidos, con 45 por ciento”.

Los porcentajes de agentes municipales y estatales se incrementaron en promedio 2 por ciento en los pasados tres años.

Del total de corporaciones, 70 por ciento de ellas tienen plantillas pequeñas, de alrededor de 20 a 30 agentes, sin considerar que hay municipios con alta incidencia delictiva que tienen un nivel de rotación o de contratación de personal que llega a ser de 80 por ciento anual, debido al alto número de renuncias.