Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) –entre ellos Ernesto Ruffo, Francisco Búrquez y Marcela Torres– demandaron que se respete el debido proceso para los 11 detenidos el pasado jueves 20 y que, si no hay pruebas contundentes, se les libere.

En San Lázaro, diputados perredistas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos iniciaron pláticas con el gobierno de la ciudad de México para solicitar que medie con la Federación, a fin de que se acepte el traslado a reclusorios de la capital de los 11 detenidos el día 20.

El diputado Roberto López Suárez dijo que también se inició contacto con familiares y abogados de los detenidos, con objeto de unificar su defensa.

En entrevista, dijo que existe disposición del gobierno de la ciudad para desplazar a los detenidos a cárceles capitalinas.

Anunció que se buscará instalar una mesa de negociación en la cual participe la administración de la ciudad y el gobierno federal.

Nos buscaron familiares y amigos de los detenidos (el jueves 20). Una de las principales peticiones es la adecuada defensa de ellos, para lo cual se requiere primero que sean trasladados al Distrito Federal.

En conferencia de prensa en el Senado, los legisladores panistas demandaron que no se actué de forma autoritaria contra quienes sólo ejercieron su derecho a manifestarse. Resaltaron que las movilizaciones del jueves 20 fueron masivas, totalmente pacíficas y sólo hubo hechos violentos aislados, protagonizados por encapuchados que no han sido detenidos.

Queremos evitar cualquier injusticia y saber con precisión qué pasa con los 11 detenidos. Que se respeten sus derechos humanos. Haberlos enviado a penales fuera de la ciudad de México, donde la mayoría radica, es un exceso que llama mucho la atención, recalcó Ruffo.

El senador Búrquez, ex dirigente empresarial en Sonora, apuntó que no ha habido contundencia del gobierno federal contra los que prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional, que han quemado autobuses y agredido a policías, mezclados con los manifestantes.

Añadió que se suman a la inquietud que ha surgido en la sociedad civil y exigirán que se pruebe que los 11 detenidos cometieron delitos graves.