a viva indignación por los casos de Iguala y la Casa Blanca no dan a Enrique Peña Nieto la escenografía deseada para el reformismo gatopardista que pretende presentar mañana a la nación. En las calles continúan las marchas y las protestas, la de ayer organizada en defensa de los 11 presos políticos que resultaron luego de la provocación montada en el Zócalo capitalino (una manifestación, ayer, para exigir justicia hacia los jóvenes que marchaban, el pasado jueves, en demanda de justicia para otros jóvenes hasta ahora desaparecidos, dos meses atrás, cuando boteaban para ir al DF a protestar por otra masacre contra estudiantes, la de 1968). Y en el Senado el priísmo huyó de los escaños para evitar que el escándalo de la mansión de telenovela tuviese más difusión e incluso se formalizaran mecanismos confiables de indagación del evidente episodio conyugal bajo sospecha de conflicto de intereses, cohecho y lavado de dinero, con las senadoras Dolores Padierna y Layda Sansores expresando crudas verdades y argumentos difíciles de rebatir por el oficialismo legislativo.

Senadores mexicanos oficialistas saliendo de cuadro mientras los estadunidenses, republicanos y demócratas, ponían un pie en el foro al pedir a la Casa Blanca original (en la que vive Obama) que ayude a México a indagar lo que realmente sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa y a castigar a los culpables, preocupados esos legisladores gringos (eso han dicho) por las circunstancias de protesta social que se viven en nuestro país.

Peña Nieto preparándose para los malabares de teleprompter de este jueves (con dirigentes perredistas y panistas felices de volver a las andadas pactistas, pues se supone que los anuncios implicarán más negociaciones partidistas y camarales), con el acento puesto en que él seguirá trabajando con todo su empeño y capacidad por México (es decir, demandantes de su renuncia, absténganse) y en las nuevas medidas palaciegas con las que se busca (dice) que no se repitan casos como el de Iguala. Revigorizado mediante un baño de pueblo a cargo del priísmo de Hidalgo (tierra de caciques, con maestría en acarreos y simulación, con dos de sus anteriores gobernadores ahora en primera fila sexenal, Osorio y Murillo), el ocupante de Los Pinos afinaba sus reformas mientras jóvenes eran encapsulados y amagados en Pachuca por policías para que no se manifestaran en contra del atlacomulquense.

El entusiasmo represor está tan desbordado que incluso Jesús Rodríguez Almeida, el secretario de Seguridad Pública de una administración que en sus inicios fue tenuemente considerada de izquierda, la de Miguel Ángel Mancera, se permitió decir con gran alegría que felicitaba a su personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y, sobre todo, porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste. La resurrección en el mancerismo del estilo calderonista sintetizado en la histórica haiga sido como haiga sido contrasta con las movilizaciones y el ánimo de quienes vieron en esa gesta policiaca de la noche del pasado 20 la confirmación salvaje del colaboracionismo del gobierno capitalino con el federal.

En otro tema: los gobiernos de México y Alemania tienen considerado firmar a finales del presente año un acuerdo de seguridad que será analizado y votado en 2015 en el Parlamento de ese país europeo. Millares de armas alemanas, con la venia exportadora del gobierno con sede en Berlín, han estado presentes en la escalada violenta que despuntó con Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico e incluso se ha denunciado que fusiles G36, producidos por la firma Heckler & Koch, fueron usados en el ataque de policías a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, en diciembre de 2011, en el que quedaron muertos los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría (el periodista alemán Wolf-Dieter Vogel hizo llegar fotografías de las armas policiacas a especialistas de su país y, con base en esos resultados, aseguró que era más que probable que fueran G36).

A raíz de los sucesos de Iguala, también con estudiantes de Ayotzinapa, diputados, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos han insistido en que Alemania no debe firmar el citado acuerdo de seguridad (una discusión parlamentaria, en http://bit.ly/1teXhyH y una carta en busca de firmantes en www.no-alacuerdo.de/), pero el gobierno de ese país, en consonancia con el interés de los productores de armas, insiste en suscribirlo. Alemania debe cuidar que las armas enviadas a México no sean utilizadas para la represión política y la violación de los derechos humanos. Pero no cuida ese país el cumplimiento de sus condiciones. En 2006 se autorizó la venta de armas a México con la especificación de que no deberían llegar a manos de policías de Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, por las circunstancias locales de aquel tiempo. Carlos A. Pérez Ricart (@perezricart en Twitter) estudió a fondo el tema y escribió un texto esclarecedor, en el que apunta que tres de esos estados fueron, precisamente, donde aterrizaron más fusiles, para ser precisos 4796, esto es, 49.7 por ciento, prácticamente la mitad de ellos.

La historia de los rifles G36 alemanes en México (aquí, el texto de Pérez Ricart http://bit.ly/1thsFN4) es “un caso más, junto a Rápido y Furioso, de la complicidad entre autoridades y empresas de otros estados nacionales relacionado con la violencia en México”, pero también un enigma con tufo a corrupción, pues las cuentas oficiales mexicanas no cuadran: en dos reportes oficiales de la Sedena en respuesta al Ifai, uno el 14 y otro el 15 de marzo de 2011, se reportaron mil 313 u 885 rifles menos de los consignados en otra información gubernamental, y con distintos precios. ¿Por qué la diferencia de costos? ¿Por qué la diferencia en el número de armas exportadas? ¿Dónde están las armas faltantes-sobrantes?

Y, mientras la camaradería entre manifestantes es convertida en prueba judicial acusatoria, ¡hasta mañana, compas!

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