El Estado mexicano compareció el pasado viernes 21 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre los avances en los casos de desaparición forzada en Chihuahua, por elementos del Ejército Mexicano, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, así como para reportar la falta de investigación efectiva y debida diligencia de los hechos.

En audiencia pública se abordó también el caso relacionado con la situación de riesgo en perjuicio de Luz Estela Castro Rodríguez, también en Chihuahua, en virtud de amenazas y hostigamientos sufridos por sus labores como defensora de los derechos humanos, las cuales se habrían incrementado en noviembre de 2012.

De acuerdo con un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, en esa comparecencia avanzaron algunas propuestas y compromisos para cumplir las medidas cautelares.

El 26 de junio de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la petición de imponer medidas provisionales, alegando que el Estado tendría responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los familiares de las víctimas, como consecuencia de la desaparición forzada de sus familiares y por las acciones realizadas para conocer su paradero.

En mayo del mismo año dicha comisión decidió presentar una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente han sido ampliadas, requiriendo al Estado mexicano que adopte las acciones necesarias para proteger la vida e integridad de 36 familiares de las víctimas y sus representantes.