Diputados del PRD y del PAN comenzaron este lunes una guerra de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) y la Contraloría General del Distrito Federal en contra de legisladores y funcionarios públicos de ambos partidos.

Por un lado, los diputados Alejandro Robles Gómez, Diego Raúl Martínez García y Polimnia Romana Sierra Bárcena presentaron una denuncia de hechos ante la PGJDF por presuntos actos de corrupción de los diputados de Acción Nacional Édgar Borja Rangel y Priscila Vera Hernández.

Sierra Barcena dijo que la denuncia se interpuso contra ambos diputados de Acción Nacional por la presunta promoción de conductas ilícitas, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Robles Gómez detalló que la denuncia incluye “los audios difundidos por la prensa en días pasados, incluido uno donde el propio Borja Rangel reconoce que es su voz. Además, se anexaron documentos notariales de la empresa LAFO, que fungía como comercializadora de los diputados del PAN, por conducto de la cual recibían moches o diezmos”.

Los legisladores perredistas señalaron que a la denuncia se integró copia del acta constitutiva de la comercializadora LAFO, donde incluso aparece en su nómina una trabajadora de la Asamblea Legislativa que al mismo tiempo se encuentra subordinada al equipo de la diputada Priscila Vera Hernández.

Más tarde, el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez Hernández acompañó a un grupo de vecinos del centro histórico de la delegación Tlalpan a interponer una denuncia administrativa ante la Contraloría General del Distrito Federal en contra de la delegada de esa demarcación, la perredista Maricela Contreras, así como contra diversos servidores públicos de Tlalpan, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y contra quien resulte responsable por “la clara flagrancia en violar el uso del suelo en el predio ubicado en las calles Calvario 61 y Abasolo 105.

Téllez Hernández pidió determinar la legalidad de la ocupación administrativa que tiene la delegación Tlalpan en dicho inmueble, y de no ser así, demandamos la inmediata evacuación de las oficinas administrativas de ese inmueble, para que se respete el uso de suelo autorizado y esas oficinas sean trasladadas a otro sitio donde se respete el uso de suelo.