La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) ejercitó acción penal contra 11 personas –en su mayoría estudiantes– detenidas en inmediaciones del Zócalo el pasado 20 de noviembre, tras hechos de violencia que cometió un grupo de hombres con el rostro cubierto en la Plaza de la Constitución.

El Ministerio Público Federal los acusa de ser presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa, delito este último que no permite derecho a libertad bajo fianza.

Ocho hombres fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, que se localiza en Perote, Veracruz, y las tres mujeres se encuentran en el Cefereso número 4, en Tepic, Nayarit.

El pasado 20 de noviembre, durante un noticiario televisivo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, afirmó que 16 personas habían sido enviadas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y otros 15 puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó en ese mismo noticiario que 15 personas, tres mujeres y 12 hombres, entre ellos un extranjero de nacionalidad chilena, habían sido puestos a disposición de la PGR.

Sin embargo, la dependencia reportó que sólo fueron puestos a disposición de la Seido un total de 11 personas: Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Tania Ivonne Damián Rijas, Juan Daniel López Ávila, Hulary Analy González Olguín, Atzín Andrade González, Roberto César Gasso del Ángel, Laurence Maxwell (chileno), Lilia Garduño Ortega, Isaac Domínguez Ayala y Hugo Bautista Hernández.

Según las autoridades sólo hubo 26 detenidos, y de ellos la PGR formuló cargos contra 11 y la PGJDF a otros cuatro.

La PGR confirmó, después de las 19 horas, las versiones que desde el mediodía tenían abogados y familiares de la acción penal de la PGR, y oficialmente la dependencia informó “que derivado de los disturbios durante las manifestaciones del pasado jueves 20 de noviembre en el Distrito Federal, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Seido ejercitó acción penal y consignó ante el juzgado 17 de distrito en Xalapa, Veracruz, a 11 personas.

Entre ellos hay uno de nacionalidad chilena, todos ellos por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos del fuero federal como son: homicidios en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín.

Asimismo, indicó que por lo que hace Laurence Maxwell Ilabaca, de nacionalidad chilena, desde el momento que entró a las instalaciones de esta institución, se le hicieron saber de manera oportuna sus derechos como extranjero, por lo que se dio parte al consulado de su país a efecto que se le brindara asistencia, por lo que siempre fue asistido por Jose Agustín Jaliliye Lana, cónsul general de la República de Chile en México.

Las detenciones, arbitrarias, afirman parientes y compañeros de los aprehendidos

Gustavo Castillo García

Los familiares de 11 personas detenidas tras los disturbios del pasado jueves en el Zócalo de la ciudad de México, y que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR), pidieron la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos en el caso, pues las autoridades los mantuvieron incomunicados, les negaron el derecho de elegir a abogados y les causaron lesiones.

Durante una conferencia de prensa realizada en inmediaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), encabezada por estudiantes de diversas escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), los familiares ofrecieron testimonios de lo sucedido y en todos los casos afirmaron que sus parientes fueron aprehendidos de manera arbitraria por agentes federales y del Distrito Federal.

En el acto participó Carla Rippey Wright, directora de la escuela de pintura y grabado La Esmeralda, quien expresó su apoyo a los estudiantes que se manifiestan en favor de la liberación de los detenidos injustamente; aseguró que el estudiante Atzin Andrade González no es un delincuente ni agitador, y pidió que los organismos de derechos humanos agilicen la atención a su caso.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió a las instalaciones de la Seido un grupo de observadores para que estén atentos a la protesta que se desarrolla frente a las instalaciones de este organismo de la PGR y que recaben información sobre los señalamientos que han hecho los familiares de los detenidos después de los incidentes ocurridos en el Zócalo el jueves pasado.

El personal de la CNDH recogió testimonios y dialogó con padres de familia de los aprehendidos, entre ellos el ciudadano chileno Laurence Maxwell.

Una compañera de Atzin Andrade aseguró que el estudiante de la escuela de pintura participaba de manera pacífica en el movimiento que exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Luego, familiares, compañeros de los estudiantes y ciudadanos detenidos reiteraron su llamado para que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos intervengan en el caso porque, dijeron, el procedimiento que siguió la PGR estuvo llenó de irregularidades, imputando cargos ilegalmente.

Por ejemplo, señalaron que en el caso de Atzin él pasó 20 horas incomunicado y se le negó el derecho a elegir un abogado, obligándolo a rendir su declaración ministerial con un defensor de oficio.

En el caso del chileno Laurence Maxwell indicaron que iba en su bicicleta por calles aledañas al Zócalo, cuando la multitud salía de la Plaza de la Constitución decidió moverse con rapidez y así fue detenido y golpeado por agentes policiacos. Laurence fue presionado para declarar en presencia de un defensor de oficio y se le ha negado su derecho a contar con un defensor de su confianza”.

Asimismo, los familiares de Juan Daniel López Ávila, integrante del Frente Popular Francisco Villa Independiente, señalaron que fue detenido arbitrariamente, pues iba con el contingente de esta organización social y se retiraban de las zona del Zócalo cuando fue detenido.

Expusieron que “se desconoce su situación jurídica (a casi 36 horas de su aprehensión), pues está incomunicado y no se ha permitido que sus familiares ni un abogado lo vean.

Por ser joven y traer una mochila lo detuvieron. Sólo es una persona que acudió a manifestarse en apoyo de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.

Lesiones en la aprehensión

En tanto, familiares de Tania Ivonne Ortega denunciaron que la joven fue detenida cuando regresaba de la escuela a su casa: los manifestantes la tiraron y los granaderos la golpearon y la arrastraron. Tiene lesiones en el cuerpo, piernas y rostro. Ha tenido que utilizar un aditamento dental porque estuvo a punto de perder cuatro piezas dentales.

Por otra parte, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán exigió justicia y que se actúe conforme a derecho en el caso de Miguel Ángel Lara Mosso, estudiante de derecho detenido el 20 de noviembre.

En un comunicado publicado en su portal http://www.acatlan.unam.mx/noticias/ 5189/, la institución reprobó cualquier acto violatorio de derechos humanos y señaló que la comunidad de la FES Acatlán exige justicia conforme a derecho.

La noche del viernes pasado, Lara Mosso fue ingresado al Reclusorio Norte. Estudiantes convocaron para manifestarse fuera del centro penitenciario y demandar su liberación.

Con información de Silvia Chávez, corresponsal