En sólo dos años, 2012 y 2013, México transfirió recursos al exterior por 70 mil millones de dólares para atender el servicio de la deuda pública externa, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. La cantidad equivale a una vez y media lo que el Estado gasta en educación anualmente. Es una cifra escalofriante, dice el historiador económico Carlos Marichal Salinas, profesor investigador de El Colegio de México y autor de Historia mínima de la deuda externa latinoamericana, editado por esa institución educativa.

El pago de amortizaciones e intereses de la deuda externa consume recursos necesarios para reforzar sistemas de salud, educación o pensiones. Esa es sólo una de las razones por la que el tema debe estar en la discusión pública, menciona Marichal Salinas a La Jornada, a propósito de la publicación de su libro.

La historia de la deuda externa en Latinoamérica se remonta a la Independencia misma. El primer gobierno latinoamericano en firmar un contrato por un empréstito extranjero fue el de Colombia, en 1822, apunta Marichal en su libro. Pronto fue seguido por los de Chile y Perú y para 1825 la mayoría de los nuevos estados habían acumulado cuantiosas deudas externas. La contratación de deuda no puede explicarse sólo en términos de ciclos económicos. Una dimensión política se hallaba también implícita en estas transacciones financieras entre los países latinoamericanos y Gran Bretaña, el principal acreedor entonces de las ex colonias ibéricas. Desde entonces, hasta el actual litigio internacional de Argentina contra los fondos buitre.

–Se ha construido un discurso en el sentido de que la deuda externa es un asunto del pasado. El caso de Argentina lo ha traído a la actualidad. México ha sido activo en la contratación de deuda externa o de deuda interna entre inversionistas extranjeros. ¿Cómo debería valorarse hoy el costo social y la relación política-finanzas asociado al proceso de contratación de la deuda externa?

–El tema de las deudas externas ha vuelto a colocarse en el candelero de las finanzas y de la política internacional debido a un juicio de la Suprema Corte de Estados Unidos en julio de este año que emitió una resolución en contra del gobierno de Argentina. Esta decisión refleja el profundo dilema que existe entre soberanía nacional y globalización financiera. Cuando un gobierno coloca deuda en los mercados internacionales, ofrece garantías de pagos que implican comprometer a sus contribuyentes al pago a mediano o largo plazos de la misma. Sin embargo, los bonos públicos pronto se convierten en títulos privados que se compran y venden, y en determinados circunstancias son objeto de gigantescas especulaciones que pueden amenazar con bancarrotas a los Estados deudores.

Un antecedente doloroso

–Este es un tema actual, como lo mostró la crisis reciente.

–No hace falta recordar que en 2011 y 2012 España, Portugal y Grecia estuvieron sujetos a este tipo de especulaciones por parte de bancos e inversionistas, quienes se beneficiaron de las abruptas subidas del premio (tasa de interés) de los bonos soberanos. En algún momento se temió que podría producirse una bancarrota soberana y, por consiguiente, el hundimiento de la moneda común, el euro. Fue la intervención de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, factor clave en disipar la burbuja de la especulación y el peligro de default (impago). Pero el fantasma de la deuda sigue planeando en todo el mundo y no tardará en regresar.

“Esta historia encuentra antecedentes especialmente dolorosos en las repetidas crisis de las deudas externas latinoamericanas, como ocurrió en los años de 1980, que provocaron una década perdida para todos los países de la región. La primera crisis de deuda tuvo lugar a partir del fatídico mes de agosto de 1982, cuando el gobierno de México anunció que anticipaba una suspensión de pagos, lo cual provocó una cadena de pánico en la región y en los mercados internacionales.

“Recordemos que en los años de 1980, los grandes sindicatos internacionales de bancos y el FMI obligaron a todos los gobiernos latinoamericanos con deudas a renegociar en condiciones durísimas que provocaron prolongadas recesiones en toda la región e iniciando lo que se ha bautizado como la ‘década perdida’. La reducción de los gastos en educación, salud y pensiones, aunados al aumento brutal del desempleo recuerda poderosamente la situación española en el momento actual”.

–En el libro aborda la relación entre la historia financiera y la historia política de la región. A principio de los 90, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari aseguró que el tema de la deuda externa había dejado de ser un problema para el país.

–En efecto, después de los arreglos de los Bonos Brady en México en 1989, y luego en otros países de la región, hubo muchos economistas y banqueros que anunciaron que la larga crisis de deudas ya se había superado. Sin embargo, se equivocaron de manera notoria, ya que después vinieron las crisis financieras de México en 1995, Brasil en 1998 y Argentina en 2001-2002. Cada una de estas debacles tuvo impactos económicos y sociales muy costosos. Sus historias constituyen capítulos fundamentales de la experiencia reciente latinoamericana, y demuestran que las deudas han sido talón de Aquiles tanto de la política como de la economía y la sociedad de cada país en numerosas ocasiones.

El lastre a la recuperación

–¿Se siguen expresando los efectos del endeudamiento y restructuración posteriores a la crisis de 1982 y luego la de 1995 en México? ¿Cuáles han sido esos costos, en términos sociales y políticos, de las crisis de deuda pública y de los ajustes, en el caso de México?

–De hecho, la recuperación de una crisis financiera puede llegar a ser muy prolongada y tener efectos duraderos: en América Latina, muchos economistas han argumentado que la tasa anual de crecimiento de las economías descendió notablemente durante dos decenios después de la crisis de deudas de 1982 y fue acentuada por las crisis de los años noventa y ha sido solamente de manera muy compleja que se logró una recuperación posterior. Sin embargo, para asegurar la estabilidad todos los gobiernos latinoamericanos y los bancos centrales han adoptado políticas de acumulación de reservas en enormes cantidades desde 2000 para evitar los ataques de especuladores y buitres de las finanzas internacionales.

–¿Y en el caso de México?

–El enorme costo de mantener tan altas reservas es difícil de medir: recordemos que actualmente el Banco de México, bajo el mando de Agustín Carstens, ha acumulado más de 230 mil millones de dólares en reservas, incluida una línea contingente del Fondo Monetario Internacional. Esta política demuestra que los altos directivos monetarios y bancarios no son sólo precavidos sino que tienen un enorme miedo de lo que puede suceder. Temen posibles y abruptas salidas de capitales de México, pero también temen repetir los terribles errores que cometieron en 1994 y temen que se pueda repetir lo que ocurrió en los años de 1979-1982, cuando el sector público acumuló gigantescas deudas sin reservas adecuadas.

“Es muy raro que las autoridades financieras reconozcan su incapacidad por anticipar las bancarrotas en ciernes. Sin embargo, el miedo puede ser también un factor muy poderoso que insta al inmovilismo, como en el momento actual. Observemos que pese a la confianza que debiera inspirar la acumulación de gigantescas reservas, el Banco de México no contribuye a flexibilizar el crédito ni pone en marcha mecanismos de impulso a la economía agrícola e industrial, como lo hizo en los años dorados de su gestión en 1950 y 1960, cuando se dio crecimiento con estabilidad. Hoy en día, en cambio, hay estabilidad bancaria sin crecimiento y estas políticas están empujando al país más allá del borde de la recesión.

Preocupante, por varios motivos

–La deuda externa de México no ha dejado de crecer y alrededor de 40 por ciento del endeudamiento interno es con acreedores extranjeros. ¿Ve una nueva crisis?

–Hoy en día, el tema de las deudas externas vuelve a colocarse en la mesa de debates y preocupaciones por varios motivos. La primera es que las economías latinoamericanas han perdido dinamismo, como lo demuestran las estimaciones de crecimiento muy bajas para las dos mayores economías de la región –México y Brasil– para el año entrante. Ambos países siguen cargando con las mayores deudas domésticas y externas, y siguen sufriendo una terrible sangría por el pago del servicio de las deudas que incluye no sólo el pago de intereses sino también de amortización de las mismas. En el caso de México, el servicio de la deuda externa consolidada ha superado 30 mil millones de dólares por año desde 2000, y en un año excepcional como 2012 alcanzó la increíble cifra de 70 mil millones de dólares.

Este es un peso y un costo que la Secretaría de Hacienda y el país no pueden aguantar sin contar con un nivel mucho mayor de exportaciones petroleras y otros ingresos. Ello puede explicar el hecho de que este año haya contratado otros 11 mil millones de dólares, la mayor parte para refinanciar el servicio de deudas viejas.

La discusión, a Naciones Unidas

“Una segunda razón tiene que ver con los debates que se han desatado a escala internacional a raíz del conflicto entre el gobierno argentino y un grupo de fondos buitres de Nueva York que parecen empeñados en tratar de llevar a ese país a la bancarrota. En los últimos meses, el gobierno de Argentina ha sido golpeado por los juicios sobre deuda externa y los derechos de los buitres (a cobrar sumas demenciales) que han sido emitidos por el juez Griesa de Nueva York, siendo avalado por la Corte Suprema de Estados Unidos que parece pensar que su jurisdicción también incluye Argentina.

“Por fortuna, la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha respondido con prontitud y fuerza y ha logrado iniciar un proceso muy complejo de negociaciones, sin ceder nada, y al mismo tiempo abrir un gran debate en Naciones Unidas desde septiembre pasado sobre nuevos mecanismos para resolver litigios de deuda externa soberanas.

De hecho, en diciembre próximo, la Asamblea General de Naciones va a discutir la serie de propuestas de economistas latinoamericanos progresistas como Óscar Ugarteche (del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM) y José Antonio Ocampo (ex secretario ejecutivo de la Cepal) para crear un Tribunal internacional para resolver litigios de deudas soberanas y así proteger a los gobiernos deudores de los especuladores y banqueros privados internacionales que se han especializado en desestabilizar a diversos países latinoamericanos en las décadas recientes en momentos críticos. Habrá que ver con cuidado la evolución de estos debates y las propuestas concretas que se aprobarán estos foros.