San José.

Activistas mexicanos de derechos humanos y familiares de desaparecidos denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) que se encuentran desprotegidos y sufren amenazas ante el incumplimiento de las medidas de resguardo ordenadas por ese tribunal.

Señalaron que parientes de defensores de derechos humanos desaparecidos por fuerzas de seguridad y narcotraficantes han tenido que esconderse o salir del país, mientras la búsqueda de sus allegados está estancada.

La audiencia se realizó en momentos de conmoción internacional por la falta de información sobre el paradero de 43 estudiantes en el estado mexicano de Guerrero, desde el pasado 26 de setiembre.

En el encuentro se analizó la desaparición de los activistas Nitza Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, desaparecidos desde el 29 de diciembre de 2009, cuando fueron detenidos por supuestos elementos del Ejército en el estado norteño de Chihuahua.

El tribunal interamericano, con sede en Costa Rica, ordenó en 2010 al Estado mexicano adoptar acciones para localizarlos y medidas de protección para sus familiares y allegados, que han sufrido amenazas y hostigamientos.

El activista Gabino Gómez dijo a los jueces que el México de la guerra contra el narcotráfico, empezada por el gobierno federal en 2006, ha significado la peor situación de atropellos contra los derechos humanos de la historia, con más de 27 mil muertos, más de 22 mil desaparecidos y 88 por ciento de impunidad en los casos denunciados, señaló.

En la audiencia, Paola Alvarado, de 18 años, hija de una de las desaparecidas, hizo un conmovedor relato del momento en que su madre fue detenida, dejándola a cargo de sus dos hermanas menores.

Ya son cinco años de impunidad, en los que el gobierno mexicano nada ha hecho. Tuvimos que huir de Chihuahua porque éramos hostigados; (las autoridades) fueron incapaces de brindarnos seguridad, relató sin contener el llanto.

La joven radicada actualmente en Estados Unidos recordó: “las últimas palabras que escuché de mi mamá fueron: ‘Mis niñas; ahorita vuelvo’”.

El representante del gobierno mexicano, Ricardo Sánchez, aseguró ante el tribunal que las autoridades federal y de Chihuahua han tomado medidas tanto para localizar a los desaparecidos como para garantizar la seguridad de sus familiares.

El Estado mexicano reitera su compromiso con la aplicación de las medidas necesarias ya acordadas con las víctimas (...), las cuales han sido efectivas, tanto que no se ha registrado un hecho que ponga en riesgo la integridad de las beneficiarias, sostuvo.

Pero la activista Ruth Fierro lamentó que a pesar de que el discurso del Estado manifiesta su buena voluntad, la verdad es que hay demora, desinterés e ineficacia en la búsqueda de los desaparecidos y la protección de sus familias.