Ombudsman emite 7 exhortos; llama a garantizar la libertad de expresión
Sábado 22 de noviembre de 2014, p. 33
Silao, Gto.
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) recomendó al alcalde priísta de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, ofrecer una disculpa pública y reconocer su responsabilidad por las amenazas y la golpiza que recibió la periodista Karla Yanet Silva Guerrero, el pasado 4 de septiembre.
La procuraduría de justicia del estado concluyó en su momento que el director de Seguridad Pública del estado, Nicasio Aguirre Guerrero –quien se encuentra prófugo– fue uno de los autores intelectuales de la agresión.
Por órdenes de aquel, el subdirector operativo Jorge Fonseca Durán contrató a Joaquín Osvaldo Valero Garnica, Luis Gerardo Hernández Valdenegro y José Samuel Ornelas para amenazar primero, y luego golpear a la reportera. Los tres agresores están vinculados a proceso y encarcelados en el penal de Irapuato.
Karla Silva fue brutalmente golpeada y amedrentada por un hombre, protegido por dos cómplices, en la oficina del periódico El Heraldo de Silao, de donde Karla es corresponsal.
El ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera emitió siete exhortos contra el alcalde de Silao por la violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión de Karla Janet Silva, quien sufrió edema cerebral por la golpiza.
En el primero indica que Solís Arzola debe ofrecer una disculpa pública a Karla Silva, la cual deberá contener un reconocimiento de responsabilidad institucional y otorgar garantías efectivas de no repetición
. La segunda señala que debe iniciar un procedimiento disciplinario contra Fonseca Durán y Aguirre Guerrero. El edil debe indemnizar pecuniariamente
a Karla Silva por los gastos erogados o a erogar por la atención médica y sicológica tras la agresión”.
También pide a Benjamín Solís capacitar a sus policías sobre la protección al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, adoptar medidas para evitar violencia contra los periodistas, coordinarse con el estado para garantizar la seguridad de los comunicadores en riesgo y aplicar políticas públicas de comunicación social, en las que bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos se robustezca el diálogo con los medios sin distinción alguna, cualquiera que sea su línea editorial
, señala.