Washington.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este jueves que firmó un paquete de leyes para regularizar la situación de unos 5 millones de inmigrantes indocumentados y dijo que volverá más justo el sistema migratorio. Para ello, el mandatario usó su autoridad ejecutiva, para no recurrir a la aprobación del Congreso, cuya futura mayoría republicana se ha opuesto férreamente a las medidas.

En un discurso a la nación, el mandatario subrayó anoche que pretende beneficiar a quienes hagan valiosas aportaciones al país: paguen impuestos, trabajen, estudien o pongan negocios.

La Casa Blanca informó que las medidas de Obama beneficiarán a unos 5 millones de migrantes quienes, sin embargo, tendrán una prórroga de sólo tres años antes de ser deportados. Esto hace que la forma de regularizarse no sea tan atractiva para muchos migrantes que han logrado vivir sin documentos durante años o décadas en Estados Unidos, señalaron críticos a las medidas anunciadas por el gobernante demócrata.

Después de afirmar que la migración en Estados Unidos es una tradición que nos mantiene jóvenes, dinámicos y emprendedores, Obama aseguró que en estos momentos el sistema migratorio estadunidense está roto.

De los 11 millones de migrantes sin papeles que viven en Estados Unidos, dijo, muchos sufren explotación y desigualdad en los salarios, y el riesgo de ser separados de sus las familias.

Recordó que entre las promesas de su gobierno está la de volver más segura la frontera sur y sostuvo que si bien ha disminuido el número de personas que cruzan ilegalmente, en el presente año se registró un alarmante incremento de ingresos a Estados Unidos de niños de México y Centro América que venían sin compañía de adultos.

El mandatario destacó que la alternativa de reunir y deportar millones de personas no es realista, y por ello decidió firmar un paquete de medidas que permitirán a los indocumentados salir de las sombras y ponerse al día con la ley.

Agregó que pretende administrar de manera compasiva y responsable la situación de los millones de indocumentados.

Todas las personas que reúnan una serie de requisitos tendrán la posibilidad de presentar una demanda para permanecer en el país temporalmente, sin miedo a ser deportados. En cuanto al carácter temporal de la solución que propone, Obama sólo dijo que las medidas no conceden ciudadanía o estadía legal permanente ni una amnistía, porque sólo el Congreso puede hacer eso.

Amnistía es el sistema de inmigración que tenemos ahora, millones de personas que viven aquí sin pagar impuestos y sin cumplir con las reglas, mientras los políticos usan el tema para asustar al pueblo y ganar votos en época de elecciones, aseveró.

Las nuevas medidas, apuntó, no se aplican a las persona que han ingresado al país recientemente ni a las que vengan en el futuro, y tampoco garantiza la ciudadanía estadunidense. Lo único que estoy diciendo es que no los deportaremos; pero advirtió que quienes violen la ley serán deportados.

Obama aseguró que muchos que llegaron muy pequeños son tan estadunidenses como Malia y Sasha (sus hijas), y que muchos de ellos buscan hacerse un camino estudiando.

Las medidas, que afectan mayormente a padres de familia y jóvenes, representan los cambios más grandes a las fracturadas leyes de inmigración del país en casi tres décadas, y preparan el terreno para un áspero roce con los republicanos sobre los límites del poder presidencial.

A aquellos miembros del Congreso que ponen en duda mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor, o que cuestionan mi prudencia para actuar donde el Congreso no lo ha hecho, les tengo una respuesta: aprueben una ley, indicó Obama.

A pesar del reto lanzado por el presidente, sus acciones y la dura respuesta republicana podrían acabar con cualquier posibilidad de que el Congreso apruebe una reforma integral a las leyes de inmigración en la presidencia actual, y garantiza que el contencioso debate se alargue hasta la campaña presidencial de 2016.

Aunque las medidas anunciadas por Obama tienen impacto en un alto número de personas, dejan en el limbo a más de la mitad de los 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. El presidente anunció nuevas prioridades de deportación que obligarían a la policía de inmigración a centrar sus esfuerzos en rastrear a criminales y a individuos que han cruzado la frontera recientemente, y a restar importancia a la deportación de personas que han estado en el país más de 10 años.