La discusión de una reforma a la Ley General de Salud –para instalar bancos de leche en centros de trabajo– derivó en una agria discusión entre diputados priístas y de oposición por la residencia de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, después de que ella anunció la venta de su propiedad.

En tanto, en el Senado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que exigirá la creación de una comisión que investigue si los bienes de la familia del mandatario federal tienen que ver con tráfico de influencias.

En San Lázaro, al intentar defender a Angélica Rivera, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Martha Gutiérrez dijo: ‘‘La señora tiene por profesión actriz y trabaja desde los 15 años. ¡Los bienes son producto de su trabajo!’’

En respuesta, y en medio de los gritos de priístas y verdes, la legisladora perredista Claudia Bojórquez expuso que la indignación ciudadana y el escándalo internacional no surgen de la adquisición de la casa, ‘‘sino de los medios que se utilizaron (para adquirirla). Nos dice que trabaja desde los 15 años. Ternurita: millones de niños en este país trabajan desde los 7’’.

También la diputada Aída Valencia (Movimiento Ciudadano) sostuvo desde la tribuna: ‘‘La Casa Blanca de Peña es un insulto a los millones de indígenas pobres del país’’.

En entrevista, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, sostuvo que Peña Nieto debió presentar desde el primer día de su mandato su declaración patrimonial e incluir en ésta la casa de Las Lomas de Chapultepec.

Cuestionó: ‘‘Aunque la pongan en venta, no deja de ser patrimonio familiar. Lo que más coraje da a la gente, lo voy a decir tal cual, es que nos vienen a ver la cara de pendejos. Eso da coraje. Está bien que la gente esté amolada, viva situaciones difíciles, pero que se burlen de tí eso sí calienta y calienta más.

‘‘Lo que la gente refleja es encabronamiento producto de lo que se ve; aparte del dolor por lo de Iguala, ahora se ve este asunto de la Casa Blanca. Pues todo mundo se enoja. ¿A quién dejó convencido la señora? ¡Por favor! ¿Cómo quiere el gobierno que la gente no se escandalice?’’

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, José Isabel Trejo, afirmó que la compra de la residencia debía ser la primera investigación que aborde el sistema nacional anticorrupción que propone su partido. Y preguntó: ‘‘¿Tiene derecho la señora a su patrimonio? Sí. ¿Tienen derecho los mexicanos a saber el origen? Sí’’.

El priísta Salvador Romero Valencia se remitió al discurso presidencial del martes y cuestionó que quienes utilizaron la tribuna ‘‘son los responsables de la desestabilización’’ que vive el país.

En el Senado, la perredista Dolores Padierna señaló que éste es un caso grave de tráfico de influencias, debido a que la casa está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, quien ha sido –señaló– ‘‘un contratista consentido de Enrique Peña Nieto desde que él era gobernador del estado de México’’.

El senador panista Javier Corral criticó a su vez que en momentos de enorme vulnerabilidad para el país se sumen escándalos de tráfico de influencias y ocultamientos patrimoniales que tocan al más alto nivel del poder público.

Mientras tanto, Martí Batres, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), adelantó que interpondrán una nueva queja contra Peña Nieto por omitir declarar los bienes de su esposa, Angélica Rivera, porque incumplió con el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Y esa omisión, indicó en un comunicado, amerita, ‘‘en casos importantes, la destitución e inhabilitación de uno a cinco años, independientemente de las sanciones penales a que haya lugar’’.