La resolución de un juez sobre la acción colectiva que promovieron ciudadanos, y que estableció la suspensión del proceso de autorizaciones de cultivo de maíz transgénico, suma hasta ahora 89 impugnaciones del gobierno federal y de las empresas trasnacionales que elaboran esos productos.

Este proceso ha llevado a la organización Colectivas AC a enfrentar el caso ante 15 tribunales federales, 70 abogados y decenas de cabilderos, voceros y funcionarios de las empresas productoras de transgénicos, informó esta ONG en un comunicado.

Ante ello, y para obtener recursos para seguir con la defensa, comenzaron una campaña mundial en la plataforma www.grrrowd.org, perteneciente al nuevo movimiento holandés Grrrowd, con sede en La Haya.

Grrrowd aplica estrategias de fondeo colectivo y recauda para la defensa legal de derechos sociales, ambientales y económicos, ante las injusticias que se cometen en todo el orbe, informó.

Agregó que en la recaudación de fondos también participa el Centro para la Defensa Legal del Medio Ambiente, con sede en Montana, Estados Unidos; así como Alternativas y Procesos de Participación Social Asociación Civil, con sede en Tehuacán, Puebla.

Raúl Hernández Garciadiego, representante legal de Alternativas y firmante de la demanda colectiva, señaló que el maíz no sólo es un alimento básico, sino que cuenta con un inmenso valor biocultural. Agregó que hace 8 mil años se domesticó el maíz y desde entonces hasta ahora los campesinos han seleccionado e intercambiado semillas, mediante lo cual han logrado obtener 61 razas y miles de variedades que pueden cultivarse en climas distintos.

En 75 por ciento de la superficie que se cultiva con maíz, esa es la situación que urge salvaguardar. Los campesinos guardan y reproducen sus semillas porque son viables, las semillas transgénicas no son viables, están patentadas y tienen que comprarse cada año.