Ante la incapacidad gubernamental para integrar una base confiable de personas no localizadas, familiares de víctimas construyen el registro nacional ciudadano de desaparecidos, cuyas muestras genéticas serían avaladas por organismos y laboratorios internacionales.

Hasta ahora han acumulado en este biobanco cerca de 300 registros, en los que se documentan todos los informes posibles para la reconstrucción de los casos (lugar de desaparición, si hay o no averiguación previa abierta y resultados de las eventuales indagatorias oficiales, entre otros), así como pruebas de ADN que permitan el cotejo en un proceso de identificación de cadáveres.

Siempre nos han engañado. A familiares les han entregado restos que no son de sus seres queridos, dijo Julia Alonso, quien busca a su hijo Julio Alberto López Alonso, desaparecido en enero de 2008 en Nuevo León, adonde viajó por tierra para asistir a una boda.

Con mucho respeto y cariño a los 43 normalistas y a sus familiares, pero es necesario insistir en que ellos son la gota que derramó el vaso. Atrás del caso Ayotzinapa, lamentablemente, hay más de 24 mil desaparecidos, comentó en entrevista.

Dijo que este proyecto se puede consultar en la página www.gobernanzaforense.org.

Julia Alonso es una activista persistente en exigir a las procuradurías –y al gobierno en general– la agilización de indagatorias; ha participado en manifestaciones y una huelga de hambre, junto con otros familiares de víctimas, quienes demandan que el gobierno cumpla su palabra de integrar una base de datos confiable de no localizados.

Recordó que por muchos años, las instancias de los tres niveles de gobierno han demostrado su falta de voluntad e ineficiencia; el incumplimiento de compromisos viene desde los años 90, ante la crisis de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La gente ya no cree en el gobierno. Sin embargo, insistimos en que retomen los compromisos de manera seria, que en cada fosa que se localice o en cada episodio de hallazgo de restos humanos se cotejen de manera adecuada con los informes del biobanco ciudadano, el cual estará administrado por familiares de desaparecidos, quienes a su vez reciben apoyo de organismos y laboratorios internacionales, dijo.

En el plan original de este proyecto se indica que una vez recopilados mil 500 registros, los enviarán a un laboratorio ubicado en Washington, Estados Unidos, para lo que están recabando apoyo de organismos no gubernamentales, uno de ellos con sede en Londres, aunque por el momento se reservaron otros detalles del proceso.

En tanto, en el norte del país integrantes de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) se encontraban anoche reunidos con el gobernador de esa entidad, Rubén Moreira, y funcionarios federales, revisando expedientes.

Este movimiento social difundió una carta, enviada el 8 de septiembre pasado al presidente Enrique Peña Nieto, en la que le solicita la aceptación del Comité contra la Desaparición Forzada, de la Organización de Naciones Unidas.

En el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares afectados y grupos defensores de derechos humanos hacen énfasis en los compromisos gubernamentales en esta materia.

Urgimos a que tome las medidas necesarias para que México acepte a la brevedad las competencias ya explicadas. La democracia en México y la nueva visión en materia de derechos humanos implican mayor apertura y transparencia hacia el ámbito internacional y la posibilidad de otorgar a los afectados todos los medios existentes para tener la verdad, justicia y reparación de sus familiares ausentes.

Acorde con fuentes consultadas, la carta en mención –firmada por nueve grupos civiles– no ha sido respondida por las autoridades.

Por su parte, funcionarios federales informaron que la semana próxima solicitarán a las 32 entidades y el Distrito Federal una colaboración más eficiente en cuanto a la provisión de la base de datos genéticos.

En el contexto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estamos impulsando que sea un acuerdo nacional para la integración de una base de datos con información genética que sea nutrida por todos los estados, por esta problemática que estamos viviendo. Debemos hacer un esfuerzo muy importante, dijo la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez.

Las cifras oficiales más recientes (con corte a julio) expuestas por la subprocuradora indican que en México había en ese momento 22 mil 322 desaparecidos y no localizados, derivado de hechos registrados tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el actual.

Según esta información, difundida durante el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda, el gobierno de Peña Nieto recibió una base de datos de 26 mil 121 personas no localizadas. Durante los primeros días del sexenio se hizo una actualización de informes y este nivel ascendió a 29 mil 707 en esa condición.

Luego hubo una depuración, al localizar a 17 mil 175 personas, 16 mil 247 de éstas con vida, a las que se suman 9 mil 790 casos recientes; de ahí que como se indicó en agosto, continuaba la búsqued de 22 mil 322.