Canadá

Comunidades decididas a
proteger su agua del fracking

Emma Lui Council of Canadians

FOTO: Mi’kmaq / True resistance

Comunidades del Atlántico al Pacífico se encuentran inmersas en una lucha por proteger su agua, salud y aire limpio de las afectaciones de proyectos de fracking. Granjeros y propietarios de terrenos en las praderas que viven en las proximidades de pozos de fracking prenden fuego al agua que sale de sus grifos debido a que se encuentra completamente contaminada con metano. Las compañías energéticas están retirando miles de millones de litros de agua del río Fort Nelson, en el noreste de Columbia Británica -afluente vital para las poblaciones indígenas de Fort Nelson y otras comunidades que se encuentran río abajo-. Comunidades a lo largo de la costa Atlántica de Canadá exigen –y consiguen- prohibiciones a la realización de proyectos de fracking para poder proteger el agua que consumen y su modo de vida.

La fractura hidráulica, o fracking, es una técnica extractiva de alto riesgo donde millones de litros de agua, miles de libras de arena y millones de litros de químicos no revelados al público son inyectados al suelo para destruir formaciones de roca y extraer gas o petróleo. La inyección de aguas residuales del proceso de fracking al subsuelo en el noreste de la Columbia Británica ha sido vinculada a la generación de terremotos. Representantes de estas empresas y algunos gobiernos promueven el gas natural (metano) como un combustible “limpio y verde”. Sin embargo, estudios demuestran que el gas natural proveniente del proceso de fracking emite una cantidad equivalente (en daño) de gases de efecto invernadero que el proceso de extracción y quema de carbón.

En mayo, el Consejo de Academias Canadienses (Council of Canadian Academies) publicó un informe independiente sobre los proyectos de fracking a lo largo y ancho del país. Evidenció que los gobiernos no se hacen responsables de las fugas en pozos y el deterioro y migración a la superficie de químicos contaminantes que se encuentran en el subsuelo, ambos procesos responsables de graves afectaciones socioambientales en el mediano y largo plazo. Tampoco se responsabilizan de cerciorarse que los químicos utilizados en este proceso no son nocivos.

La oposición de comunidades ha logrado detener el fracking en el este de Canadá. El gobierno de Nueva Escocia recientemente promulgó leyes que prohíben la fractura horizontal. Esta decisión conto con insumos de un panel de investigación independiente que recomendó no retirar la moratoria existente en esta provincia.

En Penobsquis, Nueva Brunswick, la conjugación de proyectos de fracking y  explotación de minas de potasio contaminó el agua de docenas de hogares y granjas. El pueblo indígena elsipogtog estableció un plantón, el año pasado, para luchar contra el uso de pruebas sísmicas en su territorio. Fueron duramente reprimidos por la Real Policía Montada de Canadá el otoño pasado, un episodio que fue reportado en encabezados de la prensa internacional. La explotación del gas de lutitas se convirtió en el tema político clave en las elecciones de Nueva Brunswick, en septiembre. Brian Gallant se convirtió en primer ministro de la provincia al enfatizar en su campaña que implementaría una moratoria al fracking.

Un punto preocupante ha sido la serie de demandas que ha recibido el gobierno de Quebec debido a la moratoria de proyectos de fracking que estableció para la región del valle del río San Lorenzo. En octubre de 2013, la empresa Lone Pine Resources demandó al gobierno canadiense ante los mecanismos de arbitraje comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por las inversiones (¡y el valor de los yacimientos no explotados!) perdidos por la moratoria establecida por Quebec. La empresa petrolera Gastem esta, actualmente, demandando a la pequeña población de Ristigouche por 1.5 millones de dólares por decretar una norma que protege el abasto de agua de la comunidad.

Las comunidades en el norte están luchando arduamente por evitar que proyectos de fracking se instauren en el Yukón o en los Territorios del Noroeste, al tiempo que esta técnica prolifera en el occidente del país a un paso acelerado. Jessica Ernst demandó a la empresa Encana y al gobierno de Alberta por contaminar sus pozos de agua. Una corte determinó que el gobierno de Alberta no tiene responsabilidad en el cuidado de propietarios de terreno damnificados por proyectos industriales. Columbia Británica analiza 16 propuestas de sitios para establecer plantas de distribución y almacenamiento de gas licuado del petróleo a lo largo de la costa pacífica, con el propósito de exportar este bien desde su infraestructura portuaria.

Si hemos aprendido algo de las protestas en el este es que las comunidades se encuentran resueltas a luchar por agua y energía limpias, empleos sostenibles y un mejor futuro.

El fracking se cierne sobre
España y Europa

Samuel Martín-Sosa Responsable de Internacional Ecologistas en Acción (España)

“Queridos amigos. Mediante este correo quería avisaros de una amenaza que tenemos en Francia y que probablemente también esté ocurriendo en su país en silencio, aunque ustedes no lo sepan. Recientemente hemos descubierto que varias empresas de gas y petróleo tienen planes de realizar fracking, una forma de agrietar el subsuelo a gran profundidad para liberar pequeñas burbujas de hidrocarburos atrapados en las formaciones de pizarra. En Estados Unidos llevan haciéndolo años y sólo ahora la gente empieza a ser consciente del peligro que supone”.

No es una transcripción literal, pero en esencia este es el contenido del correo electrónico que recibí en 2010, la primera vez que oí hablar de la fractura hidráulica. Sonaba a ciencia ficción. Pregunté a mis colegas expertos en energía, que no tenían ni idea del asunto. El término tampoco aparecía hasta entonces en las hemerotecas. Tomándolo por una fábula “conspiranoica”, decidimos aparcar el tema. Pero tras esta, en los meses subsiguientes llegaron nuevas advertencias.

FOTOS: Ecologistas en Acción, [email protected]

No en vano la alerta venía de Francia. Este país ha sido la cuna de la resistencia europea, muy efectiva, horizontal y organizada, referente para muchos grupos de oposición que han ido surgiendo posteriormente en otros países. Tan sólo tres meses después de la primera gran movilización ciudadana a escala nacional, el gobierno francés aprobó en junio de 2011 una ley que prohíbe el empleo de esta técnica, basado acertadamente en el principio de precaución. Aunque la solidez de la prohibición es más que cuestionada por los movimientos ciudadanos de oposición, y las presiones para derribarla son muchas, el caso francés es icónico y un argumento recurrente para otros movimientos en Europa.

En el Estado español, la respuesta ciudadana tardó algo más en arrancar. En verano de 2011 se formó la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria. Poco a poco, otras regiones españolas fueron averiguando también la existencia de solicitudes de licencias para la búsqueda de hidrocarburos en sus territorios. Así, fueron sumándose nuevas plataformas ciudadanas y movimientos de resistencia en el País Vasco, en Castilla y León, en La Rioja, en Navarra, en Cataluña, en el País Valenciano y Andalucía, entre otros. Aunque la movilización es más fuerte y tiene más trayectoria en las zonas donde se estima que existen mayores reservas (la cuenca vasco-cantábrica, en el norte del país), existen resistencias prácticamente por todo el territorio. Y esta vasta movilización se ha traducido hasta ahora en más de 400 municipios que se han declarado libres de fracking, cuatro gobiernos regionales que han prohibido la actividad, y varios parlamentos regionales posicionándose en contra.

Aunque en nuestro país las expectativas de reservas son pequeñas, el gobierno central apuesta claramente por el desarrollo del gas shale. El sector gasístico hace brindis al sol con cifras increíbles de abastecimiento energético y creación de empleo, apoyado por un sector académico que es parte interesada, técnica y a veces económicamente en la actividad. El gobierno español compra estos argumentos elaborando leyes que permitan sortear las prohibiciones que establecen los gobiernos regionales; con ello, el Tribunal Constitucional ya ha tumbado varias de las prohibiciones existentes.

La situación en el resto de Europa es también poco halagüeña. La Comisión Europea preparaba una normativa para regular su uso, pero la guardó en un cajón y la cambió por unas recomendaciones no vinculantes. Ante la presión de algunos Estados como Reino Unido o Polonia que apuestan masivamente por la actividad, y de forma consecuente con la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) que Europa negocia con Estados Unidos y que prevé una expansión aún mayor del fracking en ambas regiones.

En toda Europa hay actualmente unos 60-70 pozos de investigación y no hay aún explotación comercial de la actividad, aunque la técnica del fracking ya se utiliza en la fase exploratoria. Polonia es quien lleva la delantera, al ser el país donde se ubican la mayoría de estos pozos. Sin embargo las expectativas de reservas se han ido deshinchando y provocando que varias empresas abandonen Polonia (Marathon, Talisman, Eni y ExxonMobil, entre otras). A su lado, Reino Unido ha declarado que dos terceras partes del país serán terreno para licencias. Y en Rumanía, la cifra asciende hasta el 80 por ciento del territorio. En ambos países la protesta ha sido reprimida con dureza, incluida la supresión de garantías democráticas, particularmente en la revuelta de Pungesti, en Rumanía.

En el otro extremo, junto a Francia, Bulgaria ha prohibido la actividad. Varias naciones tienen ya o planean moratorias. Es el caso de Alemania, Países Bajos, Irlanda o Luxemburgo. Otros países europeos han mostrado poco interés en su desarrollo, como Austria o Suecia. Y en otros como Italia, Portugal o Grecia no existen reservas.

Rayando el ridículo, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Anders Fogh Rasmussen, acusó recientemente al movimiento europeo antifracking de ser agentes al servicio de Rusia, que buscaban consolidar la dependencia europea del gas convencional ruso. Raya lo ridículo. Y la OTAN tuvo que desmarcarse, pero es indicativo tanto de las presiones que existen como de la fortaleza de la resistencia.

Se está a tiempo de parar esta locura en Europa. Ni las reservas de hidrocarburos no convencionales parecen ser grandes, ni las condiciones geológicas o demográficas del continente permitirían una réplica del boom norteamericano. Pero como vemos, el empuje de empresas y gobiernos por exprimir las últimas gotas de hidrocarburos es enorme y los acontecimientos se están desarrollando con mucha rapidez. ¿Será la ciudadanía europea capaz de ganar esta batalla?

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