Texcoco, Méx.

En los ocho años recientes al menos 30 mil migrantes han desaparecido en su ruta hacia Estados Unidos, y unos 100 mil han sido asesinados, sin que las instituciones del Estado mexicano hagan frente al problema porque ya fueron rebasadas y penetradas por el crimen organizado, aseguraron investigadores, defensores de derechos de los migrantes y encargados de refugios.

Durante el primer Simposio Nacional de Investigadores y Defensores de los Derechos Humanos de los Migrantes, realizado en la Universidad Autónoma Chapingo, señalaron que los migrantes son protagonistas de una de las peores crisis humanitarias de la historia contemporánea.

Rodolfo García Zamora, catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), afirmó que el tránsito por México es un infierno que incluye extorsiones, asaltos, violaciones, deportaciones y asesinatos equiparables a los que se cometen en situaciones de guerra. Si después de ocho años han asesinado a 100 mil personas y han desaparecido a 30 mil, se trata de una masacre permanente contra los migrantes y la propia sociedad civil. La pregunta es: ¿dónde están el Estado, la justicia, la ley? ¿Qué pasa en este país, que se ha convertido en una economía y una sociedad de muerte, donde las instituciones han sido rebasadas? Lo que estamos viendo en el caso de Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg, consideró.

Agregó que el gobierno mexicano ha sido incapaz de ubicar en el centro de su acción el empleo, el bienestar y la seguridad; si no se reorienta el modelo económico, advirtió, México se convertirá en un enorme Ayotzinapa.

El sacerdote Pedro Pantoja, asesor general de Belén, Posada del Migrante, Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras AC, de Saltillo, Coahuila, afirmó que también han ido en aumento amenazas y la violencia contra quienes defienden los derechos humanos.

Las frecuentes agresiones a las 66 casas de migrantes y a sus responsables son hechos muy delicados. Los casos más graves se han presentado en Chiapas, Ixtepec, Oaxaca; Tenosique, Tabasco; Coatzacoalcos, Veracruz; Lechería y Huehuetoca, estado de México, y Saltillo, Coahuila, lo que ha llevado a algunos de estos defensores a emigrar, e incluso a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido medidas cautelares en favor de estos colectivos. El Estado ha tratado de minimizar la gravedad de esta situación en foros internacionales, afirmó.