Política
Ver día anteriorJueves 13 de noviembre de 2014Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Considera comprensible la indignación por las desapariciones de normalistas

Fracasa el gobierno de Peña en proveer seguridad, señala The New York Times

El ataque policiaco del 26 de septiembre, ejemplo de la descomposición de la ley y el orden

Foto
Mexicanos residentes en Buenos Aires, Argentina, efectuaron un performance en la Plaza de Mayo en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidosFoto Xinhua
 
Periódico La Jornada
Jueves 13 de noviembre de 2014, p. 11

La indignación de miles de personas que protestan por el caso de los 43 normalistas desaparecidos es entendible ante un gobierno que ha fracasado en proveer seguridad, respeto al imperio de ley, hacer que criminales rindan cuentas y asegurar justicia para las víctimas y sus familias, afirmó The New York Times en un editorial titulado Ley y orden en México.

Resumiendo el caso y su evolución desde los incidentes del 26 de septiembre en Iguala, el Times, el periódico más influyente de Estados Unidos, indica que a pesar de las declaraciones del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sobre el caso el pasado viernes permanecen preguntas, incluyendo si algunos de los estudiantes podrían estar vivos.

Señala que restos incinerados serán enviados a Austria y podría haber más con qué trabajar si las autoridades federales no hubieran demorado en encargarse de la investigación.

Agrega que, trágicamente, esto es sólo el ejemplo más reciente de la descomposición de la ley y el orden en México, y relata el caso del asesinato de 22 personas por militares en Tlatlaya, estado de México, en junio.

Cita a José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien declaró que los casos de Iguala y Tlatlaya son las peores atrocidades que hemos visto en México en estos años.

El rotativo agrega que estos son solo parte de un patrón, indicando que unos 22 mil están desaparecidos en México a partir de 2006 y 100 mil han muerto desde 2007.

Hace dos años, cuando asumió el puesto, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a revisar el Código Penal, prestar mayor atención a las víctimas de crimen y enfocarse sobre el crecimiento económico de México como manera de reducir la violencia relacionada con las drogas. El progreso limitado que se ha logrado aún no ha reparado un sistema de justicia criminal incapaz de investigar de manera apropiada los delitos y frenar la corrupción y las matanzas, concluye.