Las instituciones del Estado mexicano se han ganado ‘‘a pulso’’ la desconfianza de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que sobrevivieron a la agresión de los pasados 26 y 27 de septiembre, así como de los familiares de los jóvenes asesinados o desaparecidos, afirmó Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

‘‘La desconfianza se la ha ganado la autoridad mexicana a pulso, no cabe duda. La Ley General de Víctimas es el resultado de esa desconfianza de la gente, pero yo de todas formas invitaría a que se acerquen al área de atención (…) de la CEAV y podamos darles la ayuda sicológica y legal que necesiten’’, dijo el litigante.

Al detallar la forma en que este organismo ha atendido a los normalistas que fueron agredidos en la ciudad de Iguala, Hernández Barros lamentó que esa intervención haya sido ‘‘más bien limitada, y no porque nosotros lo queramos así, sino porque (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña) Tlachinollan nos ha puesto barreras y ello es totalmente entendible’’.

La desconfianza de los jóvenes y los familiares de los alumnos desaparecidos, ya sea frente a la CEAV o ante cualquier otro organismo gubernamental, abundó, tiene su origen en que los responsables del ataque fueron las mismas fuerzas de seguridad del Estado.

Dificultades para el acercamiento

‘‘Entiendo muy bien sus reticencias, por eso no hemos podido tener un plan de atención programada con ellos, sino más bien acciones esporádicas cuando nos lo han permitido’’, indicó.

‘‘La Ley General de Víctimas dice que no podemos entrar oficiosamente a los casos, sino solamente cuando la persona afectada nos lo solicita. En este caso (Ayotzinapa) nos hemos acercado a ellas para solicitarles que nos pidan (nuestra intervención), por decirlo de alguna manera, pero hasta el momento no ha habido acercamiento por parte de ellos’’, lamentó Hernández Barros.