Hermosillo, Son.

Gabriel Enríquez Romero, uno de los habitantes de Baviácora, quien ha participado en las protestas y cierres de carreteras para exigir apoyo a los 23 mil afectados por la contaminación del río Sonora, informó que fue citado por la Procuraduría General de la República (PGR) a comparecer como indiciado en un proceso judicial.

Denunció que ahora los habitantes de la zona enfrentan la criminalización de la protesta.

Comentó que con la criminalización de la protesta a los afectados comenzó esta semana una nueva etapa en el conflicto social, que se inicio el 6 de agosto cuando ocurrió el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, y afectó a habitantes de siete municipios.

La cita es para estar en Hermosillo este miércoles yo y otros tres compañeros; no es posible lo que está pasando, contaminaron nuestro río, ponen en riesgo la salud de la gente, dañaron nuestra producción y ahora nos quieren meter a la cárcel por denunciar lo que estamos enfrentando, dijo Enríquez Romero.

Aseguró que su situación, al igual que la de muchos en la región, es desesperante, ya que es propietario de una pequeña empresa que elabora productos típicos regionales, cuyas ventas se cayeron en cien por ciento.

“Tengo unas botellas de agua que estaba contaminada, y les he estado demostrando eso, que la gente ha salido con problemas por tomar esa agua.

No quisiera que más gente resultara afectada por esa agua, o mis hijos, y por eso me ponen dos demandas.

Aseguró que el agua contaminada ha sido repartida por las propias autoridades que entregan garrafones del líquido extraído de pozos en la zona.

Señaló que por la afectación económica que han sufrido los habitantes de Baviácora, y el riesgo constante de enfermar por la contaminación en el río Sonora y en los pozos aledaños al afluente, fue que se decidieron a no callar, a alzar la voz y protestar de diversas formas.

Dijo que le han pagado sólo 60 por ciento de las pérdidas.

Lamentó que él, al igual que muchos de los afectados, ven en la emigració una posible solución a su desesperante situación.

Precisó que recibió la notificación de la PGR y que el lunes él y sus compañeros recibieron otro citatorio. ¿Qué voy a hacer?, pues ir y a que nos metan a la cárcel, respondió.

Los municipios afectados por la contaminación fueron Arizpe, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, Ures y San Felipe de Jesús.