La feria para la promoción y difusión de los derechos humanos, en la que este año participarían más de 80 organizaciones, fue cancelada por decisión institucional ante la situación de crispación social por la que atraviesa el país, derivada de los casos Iguala y Tlatlaya, informó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

La decisión se tomó luego de 13 años ininterrumpidos de realizarse, debido al contexto grave de violaciones a los derechos humanos que se han dado en varios puntos del país y que el organismo no puede desconocer, señaló.

También obedeció, dijo, a un acto de solidaridad y empatía con las víctimas, pues la feria se tenía prevista para el sábado 15 de noviembre en el Zócalo, donde ocurrió el hecho de violencia más reciente, luego de la marcha de más de 15 mil personas en apoyo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Así como con el sentir de una sociedad que ha manifestado de distintas maneras su desencanto, dolor e indignación ante la falta de respuesta del Estado para atender los problemas que aquejan al país, agregó.

Los hechos que han tenido un fuerte eco social en la capital del país son la desaparición de los 43 normalistas y el caso Tlatlaya, mencionó, pero también la crisis de personas migrantes, la criminalización de la protesta social y el caso de la guardería ABC. Son hechos que plasman una situación nacional que ha afectado de manera constante y reiterada a la sociedad mexicana, indicó.

La reacción de la gente por los referidos hechos, señaló la CDHDF, es entendible y obliga a una fuerte reflexión del andamiaje institucional respecto de su mandato y la manera de ejercerlo.

La situación, añadió, significa un reto para las instituciones en el marco de un Estado democrático de derecho. Ante ello, el organismo reiteró su compromiso de trabajar y contribuir en el ámbito de su competencia para que estos hechos no se repitan y se garantice a las víctimas su derecho a la justicia, que conlleve a la reparación del daño y que los responsables sean sancionados como consecuencia de un debido proceso.