El Congreso Agrario Permanente (CAP) exigió que las organizaciones campesinas sean incluidas en el acuerdo de seguridad y el estado de derecho promovido desde el gobierno federal, pues es en el medio rural donde los campesinos y dirigentes sociales son víctimas de la violencia, incluso asesinados. Luis Gómez Garay, coordinador general del CAP, señaló que es necesario que las comunidades rurales cuenten con políticas públicas de prevención del delito y que se reactiven los sectores económicos. Denunció también que siguen impunes los asesinatos de Eduardo de Sello Luján y Raúl Aguirre Andrade, dirigentes del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, y de Margarito Montes Parra, líder de la Unión General Obrero, Campesina y Popular. En un comunicado, Gómez Garay señaló que en esta tarea es imprescindible desterrar la cultura de la impunidad, porque genera actos ilícitos, incluido el homicidio, pues los delincuentes saben que no serán castigados.