Para que las ocho vicarías episcopales de la arquidiócesis de México cumplan sin contratiempos sus obligaciones fiscales para el próximo año, el cardenal Norberto Rivera Carrera emitió una circular, con el fin de aclarar y normar dichos criterios.

El escrito fue dirigido a obispos auxiliares, vicarios generales, territoriales y funcionales, decanos, párrocos, rectores y capellanes, así como a las diversas asociaciones religiosas constituidas legalmente, y a sus respectivos ecónomos.

El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México precisó que una de las preocupaciones que de forma reiterada ha recibido el cardenal son las Disposiciones Fiscales para las Asociaciones Religiosas (AR) a partir del primero de enero próximo.

En dicha circular, el arzobispo aclara que las asociaciones religiosas tienen un régimen propio y son consideradas organizaciones sin fines de lucro, que están obligadas a pagar impuestos, pero por tener un régimen especial los ingresos por donativos y otros ingresos propios que obtienen de sus miembros y feligreses tienen un tratamiento especial.

Reitera que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó que el régimen fiscal para una asociación religiosa no cambia, es el mismo que se ha tenido en los últimos años. Lo anterior, derivado de información inexacta dada a conocer algunos meses atrás.

Por ello reiteró que las AR registradas en México no están obligadas a pagar impuestos por ese rubro, es decir donativos y limosnas. Sin embargo, subrayó que es obligatorio llevar una contabilidad de ingresos y egresos e informar de ello, lo que se ha realizado una vez al año y por vía electrónica.

Indicó que el cambio a partir del primero de enero de 2015 es que esa información debe hacerse periódicamente, diaria, semanal o mensual y aclaró que en la Arquidiócesis de México será “mensual y se realizará como cualquier otro contribuyente, por medio del sistema Mi Cuenta.

Precisó que una novedad es la Ley Federal para la prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece que se tiene la obligación de identificar al donante cuando la ayuda sobrepase las cantidades que se fijaron en la ley, es decir “mil 605 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.