El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado propuso formar una comisión ciudadana de la verdad para el caso Iguala, que permita responder de manera satisfactoria a preguntas como: ¿qué pasó exactamente los días 26 y 27 de septiembre en ese municipio guerrerense y ¿quiénes sabían sobre los actos criminales del ex alcalde José Luis Abarca antes de la desaparición de los 43 normalistas y no actuaron?

La comisión de la verdad propuesta deberá responder ¿por qué no se tomaron decisiones para investigar el involucramiento de Abarca con grupos criminales y prevenir que aumentara el abuso?, ¿cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder político y el crimen organizado? y ¿cómo, siendo un criminal, llegó a ser presidente municipal?

Se trata de una propuesta de ocho puntos, detalló el coordinador perredista, Miguel Barbosa, que incluye también dar prioridad a la atención a las víctimas, dar seguimiento exhaustivo a los compromisos presidenciales asumidos con los padres de los normalistas el pasado 29 de octubre, la construcción de un acuerdo ampliado con la sociedad para construir un frente del Estado mexicano.

Se plantea revisar la defensa integral de los derechos humanos, lo que incluiría la desaparición de los ombudsman estatales.

Cambios en selección de candidatos

Los hechos de Iguala han puesto en evidencia que los titulares de algunas de las instituciones del Estado, como son municipios, policías y procuradurías estatales, están capturadas por el crimen organizado.

Para evitar que se repitan hechos como el asesinato y la desaparición forzada de normalistas de Ayotizinapa, se requiere también la reforma de los mecanismos de financiamiento y selección de candidaturas.

Se propone la eliminación de los privilegios de la clase política, como el fuero, y el establecimiento de la revocación de mandato. Además, se deben establecer controles de confianza y mecanismos de corresponsabilidad entre partidos políticos y las autoridades.

La propuesta perredista incluye el fortalecimiento de los municipios y de las entidades federativas, así como la creación de una policía nacional.

Barbosa recalcó que la incapacidad de las autoridades federales y estatales para determinar el paradero de los 43 normalistas y presentar a los autores materiales e intelectuales de ese hecho hace indispensable efectuar esfuerzos adicionales de todas las instituciones del Estado.

Recalcó que la comisión de la verdad propuesta sería un organismo del Estado mexicano, en el que participarían personajes con enorme prestigio en la sociedad, ya que quedarán comprometidos a garantizar el esclarecimiento de los hechos y a fincar responsabilidades.