El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), entregó a los representantes y familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa una propuesta de reparación integral del daño y búsqueda de la verdad y la justicia.

El plan incluye una indemnización para los deudos de los fallecidos en el ataque perpetrado por policías municipales de Iguala los días 26 y 27 de septiembre pasado. Además, brindar atención a corto, mediano y largo plazos a los afectados una vez que se confirme la sobrevivencia o muerte de los 43 estudiantes desaparecidos hace 40 días.

En consenso con las víctimas y sus representantes, y en el momento en que éstas lo consideren oportuno, el Estado garantizará el cumplimiento de sus obligaciones en materia de reparación del daño a través de una compensación que cumpla los estándares internacionales en la materia, señala el último párrafo de la propuesta.

Para los fallecidos y heridos en el momento de los hechos, las instancias estatales y federales han dado apoyos, principalmente servicio médico, alimentación y traslado, cuyos costos son absorbidos por el Fideicomiso de Cumplimiento a Obligaciones en Materia de Derechos Humanos.

Al momento de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado mexicano para asegurar la protección de las víctimas (directas, indirectas y potenciales) se definirá de dónde se financiará tal fondo: del fideicomiso mencionado o del que señala la Ley General de Víctimas, que aún no existe.

Nos hemos acercado a las víctimas y/o familiares de manera respetuosa, haciéndoles saber que el Estado mexicano no les está haciendo un favor, sino que la protección y reparación del daño es su derecho, dijo a La Jornada uno de los funcionarios consultados.

En la propuesta gubernamental se indica que cualquier estrategia será consensuada con los familiares de las víctimas y sus representantes; el plan debe abordar los ámbitos jurídico, social, seguridad de las personas (incluida la Escuela Normal de Ayotzinapa), sicosocial, médico y de derecho a la verdad y la justicia.

En su caso, se cubrirán los gastos funerarios, el pago de traslados, que incluye hospedaje y alimentos, para asistir a las diversas diligencias y/o a los servicios proporcionados por las autoridades mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se indica en el texto elaborado por Gobernación y la PGR.

Otro compromiso es informar a los familiares de los avances de las investigaciones penales antes que a los medios de comunicación, y garantizar el acceso pleno a los expedientes.

De manera simultánea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría emitir hoy (viernes), durante el último tramo de periodo ordinario de sesiones, la integración de un grupo de especialistas para el caso Ayotzinapa, en atención a la solicitud de asistencia técnica presentada por México la semana pasada.

La CIDH ordenó la aplicación de medidas cautelares: investigar los hechos, buscar a los 43 jóvenes, proteger a las víctimas y aplicar una adecuada coordinación y plena acreditación con la representación de éstas.