La ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en Tlatlaya por elementos del Ejército y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa están entre los casos de violencia más graves en la historia contemporánea de México y América Latina en años recientes, pero no son hechos aislados, sino parte de una atmósfera de impunidad y corrupción, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Subrayó que ambos son crímenes de Estado, en los cuales las autoridades judiciales han actuado de forma tardía e ineficiente.

En conferencia de prensa, el abogado chileno manifestó que la situación de derechos humanos en México es muy grave y la crisis “se ha acentuado desde la administración de Felipe Calderón a la fecha. Se han producido miles de ejecuciones, desapariciones, casos de tortura y otras violaciones y atrocidades, cometidas tanto por mafiosos como por agentes del Estado”.

Como parte de este escenario, Vivanco –quien visitó el país durante una semana– enfatizó que el de Tlatlaya es un crimen de Estado cometido directamente por personal del Ejército, donde fueron ejecutados civiles desarmados, que las máximas autoridades del país trataron de ocultar durante más de dos meses.

Hay evidencias de que el 30 de junio un grupo de soldados rasos ejecutó a 12 personas, aunque podrían ser 15, y es tan grave la comisión del delito como su encubrimiento. La Procuraduría General de la República tuvo una actitud pasiva y atrajo el caso hasta el 23 de septiembre. Durante casi tres meses se engañó al país y se usó al sistema judicial para sostener una falsedad, lamentó.

Acerca de la desaparición de los 43 normalistas, Vivanco manifestó que el crimen fue posible gracias a la complicidad de la policía municipal de Iguala con grupos de la delincuencia organizada, en hechos que las autoridades judiciales y el propio Presidente de la República tardaron demasiado en admitir e investigar, pese a que el ataque fue conocido por diversas instancias de gobierno en tiempo real.

En la agresión a los normalistas de Ayotzinapa, dijo, el presidente Enrique Peña Nieto reaccionó tarde y mal, ya que en un principio sostuvo que era un problema de Iguala, actuando como si se tratara de un asunto de Guatemala, cuando tiene la obligación de disponer en las primeras horas de todos los recursos con los que cuenta el Estado para lograr interrumpir una desaparición de esta magnitud.

Vivanco enfatizó: no conocemos una situación similar a esto, salvo si nos remontamos a (la matanza de) Tlatelolco, a finales de los años sesenta. En esa época se producían desapariciones masivas donde nadie rendía cuentas, pero este caso se produce en el siglo XXI. Por eso lamentamos un hecho de esa magnitud a la vista de todos los mexicanos y la comunidad internacional.

Sostuvo que la explicación de lo que ha ocurrido en Iguala la encontramos en la regla de impunidad que prima en México desde hace muchos años, que consiste en que cuando agentes del Estado cometen atrocidades, incluyendo desapariciones forzadas, los hechos no son objeto de investigaciones rigurosas, ejemplares e imparciales. La regla en México es la impunidad, no la excepción.

Tras señalar que no hay mayores diferencias en las políticas de seguridad de Calderón y de Peña Nieto, recalcó la ironía de que el mexiquense se ha alejado lo más posible de estos temas (de violencia) por considerarlos tóxicos, porque está preocupado por su imagen, pero hoy su imagen y la de su gobierno está por los suelos por no abordar con seriedad un problema de la mayor magnitud.