a aparición en escena de José Luis Abarca y su esposa agotó la baraja argumental de Los Pinos y aceleró la percepción muy extendida de que es imposible que el gobierno federal desconozca a estas alturas el destino de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

Hasta ahora lo único que ha logrado el aparato federal peñista es demostrar de manera irrefutable una incapacidad operativa, e incluso narrativa, correspondiente a niveles ínfimos, grotescos, tragicómicos. Esa incapacidad puede provenir de las propias fallas y taras del equipo gobernante o de una pretensión macabra de ir dosificando la información del caso ante la gravedad de desenlaces sabidos con toda anticipación, tal vez desde los primeros días posteriores a los hechos.

En ese contexto de presunta ignorancia oficial de lo acontecido con los alumnos de Ayotzinapa, la presentación en público de la pareja igualteca hizo suponer que los tiempos gubernamentales habían llegado al final de su libreto de suspenso y con rapidez se ‘‘conocería’’ la ‘‘verdad’’, cuyos trazos más pesados serían adjudicados a Abarca y su cónyuge. No dejaba de ser generoso suponer que con más de medio centenar de detenidos, sujetos a los ‘‘interrogatorios’’ bárbaros que están institucionalizados en México, el desenlace no se supiera en las alturas del poder nacional y se estuviera en espera de que el dúo guerrerense diera las claves de un hipotético enigma.

La instalación de los Abarca Pineda en el foro nacional produjo de entrada múltiples dudas y especulaciones. Días atrás se había publicado en medios estatales y en algunos portales nacionales la versión de que los esposos habían sido apresados en Veracruz. Su colocación en Iztapalapa dejó puntos polémicos relacionados con los domicilios mencionados y el desconocimiento vecinal de que se hubieran producido las movilizaciones policiacas del caso, la peculiar disposición indumentaria no sólo en tres versiones, sino especialmente en una que parecería de etiqueta en las condiciones inmobiliarias circundantes, el aire insólitamente respetuoso de los policías federales que permitieron al matrimonio preparar su partida hacia la Seido (sobre todo la esposa, que se manejaba como si estuviera cumpliendo con un trámite muy molesto pero inevitable, con un aire enojado y altanero que usualmente no es permitido ni en ínfimo porcentaje a los caídos en las garras policiacas) y el inmediato disparo de buscapiés mediáticos que enredaron más a la angustiada dirigencia perredista y pretendieron alcanzar a Morena y su máximo líder, todo con la vista puesta en las elecciones venideras.

El gasto de esa última reserva de suspenso (los Abarca) deja a la intemperie a la administración peñista, sobre todo en vísperas de la insensata salida al extranjero que Peña Nieto ha programado (a la China y a la Australia). La presión y las movilizaciones en favor de los normalistas suben de tono en explicable proporcionalidad al desguazamiento gubernamental (el desfile en Tixtla de la policía comunitaria de la CRAC, con sus armas en los brazos, junto a estudiantes de Ayotzinapa y ciudadanos, es una estampa de contenido inflamable).

E incluso asoman, también de manera explicable, las provocaciones y la violencia inducida que pretenden indisponer a la opinión pública, dar pie a campañas mediáticas en demanda de ‘‘orden’’, justificar la represión e incluso ajustar cuentas y replantear reparto de botín entre grupos priístas hasta ahora avasallados por la fiebre triunfal de la primera fase peñista, ya políticamente sepultada.

En tanto, los politécnicos sobrellevan con altura el diálogo con funcionarios peñistas sin templete al estilo Osorio Show, estudiantes de la UNAM resisten y salen adelante de un primer zarpazo judicial luego del episodio provocado de la quema de una unidad del Metrobús (lo que dio oportunidad a varios medios de colocar fotografía y tema en sus primeras planas, relegando a conveniencia la importante y concurrida marcha cívica nocturna del miércoles) y la parte de la sociedad que está preocupada por el caso Iguala y la suerte de los 43 se pregunta cuántas marchas, protestas y manifestaciones serán necesarias para conocer la verdad, conseguir justicia y cambiar este régimen putrefacto.

Quien ocupa la Presidencia de la República se mueve en ese terreno pantanoso como si estuviera en tierra firme, con total apego a las rutinas burocráticas y a la discursiva demagógica, como si este México fuera el mismo de antes de Ayotzinapa. De no conocerse hoy lo sucedido con los normalistas rurales, llegará el sábado al día 43 de la ausencia de 43. Y viajará al extranjero mientras en su país crece la exigencia de que renuncie. Una exigencia que va mucho más allá de posicionamientos y estrategias electorales de partidos políticos. El reloj político de EPN no da para más. Ya no se debe ocultar o retener por más tiempo la verdad.

Un lector, cuyo nombre se mantendrá a resguardo, relató a esta columna lo que constituye un simple botón de muestra del enorme catálogo diario de agresiones contra la ciudadanía en todo el país.

‘‘Este martes, en viaje de trabajo Monterrey-Matamoros, a las 11:00 nos emparejó en Reynosa una camioneta negra doble cabina, Ram. Preguntaron a dónde me dirigía y pidieron que me orillara para hacer una revisión, que no pasaría nada, que eran de la maña. Ya en la orilla pidieron las identificaciones y, después, el dinero que traíamos, bajo amenaza de que si nos revisaban y nos encontraban más dinero nos pondrían una putiza. Entregamos el dinero, lo tomaron y se fueron, amenazándonos con alcanzarnos con otro de ellos más delante si nos desviábamos de la ruta hacia Matamoros. Hace tres meses a otros compañeros de igual forma los atracaron. Se ven grupos de federales, militares y marinos en el patrullaje de la ciudad, en un ir y venir, pero esto no se compone, sigue peor, como acertadamente dice usted en su columna. ¿Qué hacemos?’’

Y, mientras Maude Versini exhibe la protección arbitraria y descomunal del sobrino Enrique al tío Arturo, ¡hasta el próximo lunes!

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