La profesora Silvia Ortiz se ató con una cuerda al astabandera de la plaza mayor de Torreón, Coahuila, en protesta porque la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha encontrado a su hija Stephanie Sánchez, desaparecida hace 10 años, cuando tenía 16 de edad.

Traemos un pastel que queremos convidar a las autoridades y decirles que venimos a festejar 10 años de impunidad, de falta de trabajo y de compromiso; les traemos un pastel para darles su rebanada a gente omisa que no hizo su trabajo a tiempo, expuso Óscar Sánchez Viesca, padre de la menor ausente.

Silvia Ortiz pidió a su esposo y a sus hijos Michelle y Cristopher que la ataran con una cuerda blanca al astabandera en el centro de la plaza y le cubrieran la boca y los ojos para representar el silencio de las autoridades ante los reclamos de la familia.

Hay versiones de que una banda de explotadores sexuales secuestró a Fanny –como su familia la llama– cuando volvía a casa después de practicar basquetbol, la noche del 5 de noviembre de 2004.

Stephanie es una de las mil 808 personas desaparecidas en Coahuila desde 2000. A partir de abril de 2012, cuando se creó la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, 871 fueron halladas, 50 sin vida.

En Chihuahua, Alfredo Limas Hernández, codirector del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, denunció que ni uno de los tres niveles de gobierno ha cumplido la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida en 2009, relacionada con el hallazgo, en 2001, de los cuerpos de ocho adolescentes en el campo algodonero de esa localidad fronteriza.

Al cumplirse 13 años de que fueron localizados los cuerpos, familiares de las víctimas e integrantes de la sociedad civil recordaron que la CIDH recomendó elaborar una base de datos de cada caso, una página de Internet actualizada y estudios de ADN de las víctimas, además de una campaña preventiva permanente en las zonas más peligrosas de la ciudad.

Una de las peticiones de la CIDH fue erigir un memorial a las víctimas, lo cual se cumplió.

En 2009 la CIDH sentenció al Estado mexicano por no prevenir ni investigar el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarrez y Claudia Ivette González. Las otras jóvenes halladas en el campo algodonero son Mayra Juliana Reyes Solís, Verónica Martínez Hernández y Guadalupe Luna de la Rosa.

Hasta hoy no han sido identificados ni sancionados los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes.