El director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, sostuvo que las demandas que se han presentado en su contra desde que ocupa este cargo son más ‘‘golpeteo mediático que alguna realidad’’.

Explicó en entrevista que Benjamín Rojas, quien era gerente de la paraestatal en Guanajuato hasta el pasado 29 de septiembre, le hizo saber del problema de un faltante consistente en mermas de leche que quedan en los camiones que transportan el alimento, correspondiente al periodo 2011 y 2012, ‘‘años en los que no estuvimos en la empresa’’.

Ante ello, dijo, se instruyó a la dirección jurídica de la empresa para que interpusiera la querella ante el órgano interno de control y una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR). Actualmente el proceso está en la fase de aportación de elementos para que se investigue y deslindar responsabilidades.

Agregó que ‘‘esa persona (Benjamín Rojas) trabajó algunos meses en la empresa y de repente empieza a haber quejas de productores de leche de la región, de los propios empleados que lo acusaban maltrato y hubo reclamos de funcionarios estatales por el trato de este delegado, por lo que se tomó la decisión de removerlo y esto quizá fue lo que ocasionó su malestar’’.

Rojas presentó el pasado martes en la Cámara de Diputados información sobre un fraude en esa delegación de la empresa por 15 millones de pesos y afirmó que los responsables de ello siguen trabajando en la planta.

Ante ello, Ramírez Puga dijo que ‘‘mientras no haya configuración de un delito es difícil precisar si hay un desvío de esta naturaleza’’. La auditoría aún no refleja que haya ese faltante y ‘‘en tanto esto no exista, no hay delito’’.

Acerca de que los presuntos responsables del fraude fueron reinstalados en sus puestos, indicó que estaban implicadas cuatro personas, dos de las cuales fueron despedidas e incluso presentaron un recurso ante la Junta de Conciliación. ‘‘Tenemos un manual de operación, hay un sindicato, hay personal de confianza que no puede removerse de su cargo por supuestos o presunciones, sino hasta que haya la comisión de un delito demostrado. Están funcionando normalmente, no hay confirmación del algún fraude’’.

En relación con demandas previas que legisladores presentaron ante la Procuraduría General de la República, mencionó que fueron ‘‘por exceso de menciones en medios de comunicación en mi estado. Es la primera vez que conozco de este tipo de denuncias. La procuraduría afirmó que no hay prueba contundente de lo que afirman’’.