El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, afirmó que la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, por parte de militares, es sólo un caso de un conjunto más grande de crímenes cometidos por soldados y policías que no han provocado una reacción del Estado.

En una reunión con diputados de la comisión legislativa que colabora en la investigación del asesinato de 22 civiles, pidió a los legisladores no esperar a que los casos se den en el país ‘‘de 20 en 20’’ para reaccionar y alarmarse.

Durante el encuentro privado, Hernández Valencia citó –explicaron integrantes de dicha comisión– recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones de militares a estas garantías, pero que no han tenido consecuencia en llevar a los responsables ante la justicia y mucho menos desencadenar acciones que prevengan que hechos de ese tipo sigan ocurriendo.

El representante, dijeron, refirió que la alta comisionada, Navi Pillay, ha declarado que las fuerzas armadas, al participar en tareas de seguridad pública, deben mantener un carácter excepcional y temporal, además de ser reguladas estrictamente y que su actuación tenga como base el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, Hernández Valencia indicó a la comisión que desde que los militares están en las calles de México, se señaló ese contexto al gobierno federal, pero aun así no hay cambios institucionales, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales.

Citó como ejemplo de las agresiones de militares y policías el asesinato de la niña Tania Azucena Corona, de 12 años, muerta de un balazo en la cabeza disparado por un militar en marzo de 2009, en Buenavista Tomatlán, Michoacán; de los estudiantes con becas de excelencia del Tec de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por militares en marzo de 2010 en la capital de Nuevo León.

Citó también el secuestro de 10 cazadores (entre ellos un menor) de León, Guanajuato, cometido por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, ocurrido en diciembre de 2010. Los agentes habrían entregado a las personas a la delincuencia organizada y desde entonces no se sabe nada de ellas.

Más tarde, en entrevista, Hernández Valencia resaltó que el caso Tlatlaya es paradigmático, porque sintetiza no sólo la linea roja de la cual el delito y los responsables pueden ser identificados, sino también se definen las fallas institucionales.

Expuso que además se trata de un asesinato de personas que concentra un número alto de muertos en un sola ocasión y que por ello captó la atención pública. Incluso, indicó, refleja que no han surtido efecto las correcciones que ha tomado el Estado mexicano para evitar que este tipo de sucesos continúen ocurriendo.