La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra el ex alcalde de Iguala José Luis Aabarca Velázquez por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres integrantes de la organización Unidad Popular de Guerrero, el asesinato del síndico Justino Carbajal Salgado y por su vinculación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

A María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca, se le decretó arraigo por 40 días mientras sigue bajo investigación.

La PGR ha señalado al matrimonio Abarca-Pineda como autor intelectual de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Aytozinapa, Guerrero, el pasado 26 de septiembre; sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) aún no finca responsabilidades en su contra por ese delito.

Abarca y su cónyuge fueron detenidos el martes en un domicilio de la ciudad de México, luego de haber estado prófugos 34 días.

El ex alcalde guarda silencio

En el caso del ex alcalde, funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que su consignación se debió a que durante las 36 horas que permaneció sujeto a interrogatorios en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se negó a proporcionar información relacionada con la desaparición de los normalistas y a revelar detalles de su participación con el grupo de Guerreros Unidos, a los cuales entregaba mensualmente entre 2 y 3 millones de pesos.

De esa manera, presuntamente la PGR no obtuvo la información que, consideró, la llevaría a ubicar a los 43 normalistas, y por esa razón ahora busca detener a Ángel Casarrubias, El Mochomo, actual líder de Guerreros Unidos, así como a El Gil y El Pato, los dos operadores de ese grupo criminal que recibieron a los estudiantes y luego los dejaron en manos otros integrantes de esa organización delictiva.

El expediente de José Luis Abarca Veláquez fue puesto a consideración de un juez federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, y éste libró una orden de aprehensión, pero Abarca fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, que se ubica en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México, donde son enviados los delincuentes de mayor capacidad delictiva, como Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Oficialmente, la PGR dio a conocer un comunicado de prensa en el cual menciona que ayer, a las 17 horas con 10 minutos, el ex presidente municipal de Iguala ingresó al Cefereso número 1, “quedando a disposición del juez primero de distrito en materia de procesos penales federales en el estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión librada en su contra el 24 de octubre de 2014.

Esto, independientemente del resultado de las investigaciones que sigue llevando esta procuraduría sobre Abarca Velázquez, indicó la PGR.

Las acusaciones contra el ex alcalde están relacionadas con los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez, cometidos el 30 de mayo de 2013 en Iguala. En esa acción también privaron de la libertad a Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes, integrantes de la organización Unidad Popular de Guerrero. Presuntamente el secuestro y los homicidos ocurrieron porque los campesinos exigían abono para sus cosechas.

Asimismo, el MPF lo acusó del homicidio de Justino Carbajal Salgado (sobrino del perredista Félix Salgado Macedonio), ocurrido el 8 de marzo de 2013, quien fue ejecutado al salir de la casa de su madre, luego de sostener una discusión con José Luis Abarca.

En cuanto a María de los Ángeles Pineda Villa, la PGR indicó que, como consecuencia de las investigaciones que se realizan, hoy, del mismo modo, un juez federal especializado determinó imponerle la medida cautelar de arraigo por 40 días. El gobierno federal ha señalado que ella era la operadora de Guerreros Unidos en Iguala, en asociación con su esposo.

No ha dicho dónde están los estudiantes

Gustavo Castillo García

El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez sostuvo cuatro sesiones de interrogatorios sobre la desaparición de 43 estudiantes y sus vínculos con integrantes del grupo Guerreros Unidos, y ante fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) se negó a revelar el paradero de los normalistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, continúa detenida; él fue consignado ante un juez federal.

Como parte de las investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) dirige sus pesquisas a la localización de tres mandos de Guerreros Unidos: un personaje recién surgido al que se identifica como El Pato, quien es señalado como superior de El Gil, ya que ambos estaban juntos en el momento en que policías municipales de Iguala y Cocula les entregaron a los normalistas la madrugada del 27 de septiembre.

Asimismo, el gobierno federal busca a Ángel Casarrubias, El Mochomo, quien presuntamente habría ordenado la desaparición de los estudiantes el 27 de septiembre pasado. El Mochomo asumió el mando de Guerreros Unidos tras la detención de su hermano Sidronio, quien es acusado de varios delitos por el Ministerio Público Federal (MPF).

Funcionarios del gabinete de seguridad nacional señalaron que las investigaciones por la desaparición de los 43 estudianes no se han detenido con la aprehensión de José Luis Abarca y su esposa, ya que quedan pendientes tres eslabones, además de la ubicación de los normalistas.

De acuerdo con la información obtenida, el ex alcalde y su esposa han mantenido hermetismo sobre el paredero de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aunque han reconocido que ordenaron a la policía municipal de Iguala evitar que la movilización estudiantil afectara el desarrollo de la fiesta que organizó María de los Ángeles Pineda con motivo de su informe de labores al frente del DIF municipal.

Vigilancia permanente a Pineda

Los funcionarios consultados señalaron que Pineda Villa ha estado bajo vigilancia permanante en la Seido, donde la pareja durmió varias horas tras ser detenida a las 2:30 horas del martes en una casa de la colonia santa María Aztahucán, en la delegación Iztapalapa.

Como parte de las indagatorias, Yazareth Liz Abarca Pineda, hija de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, permaneció varias horas en la Seido. La joven, de unos 20 años, fue retenida con Noemí Berumen Rodríguez el martes durante uno de los operativos realizados en Iztapalapa.

Funcionarios federales indicaron que Yazareth Abarca quedó libre, ya que no hay indicios que la señalen como responsable de algún delito, y jurídicamente está protegida para declarar acerca de alguna responsabilidad o ilícito cometido por sus padres.

Las fuentes consultadas señalaron que Yazareth estaba con Noemí Berumen en el inmueble ubicado en la calle Jalisco, colonia Santa María Aztahuacán, en el momento en que policías federales realizaban acciones para detener a Abarca y su esposa.

Según funcionarios de la PGR, Yazareth Abarca Pineda habría comparecido en calidad de testigo en cuanto a sus vínculos con Noemí Berumen, quien es indiciada como presunta responsable del delito de encubrimiento, ya que ocultó a Abarca y su cónyuge.