Por las múltiples violaciones a la integridad personal, salud, violencia obstétrica cometidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (Ssa), además de falta de acceso a la justicia por las instancias de procuración y administración que la imparten, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición contra el Estado mexicano para resarcir el daño causado a Irene Cruz Zúñiga por negligencia médica.

En conferencia de prensa, Daniela Díaz Echeverría, de Fundar, y Graciela Freyermuth, del Observatorio de Mortalidad Maternal en México, señalaron que desde hace más de 13 años, Irene fue víctima de una mala atención médica en dichas dependencias de salud pública que la dejó inmóvil y sin habla de por vida.

A pesar de una denuncia penal por el daño a su integridad personal cuando le fue practicada una cesárea de emergencia, comentaron, las autoridades de procuración de justicia de Oaxaca dejaron el caso olvidado por más de una década.

De acuerdo con Fundar, hace un año, a pesar de que un magistrado declaró prescrita la acción penal, reconoció que existía un daño continuado que debía de ser reparado. Para esto dictó un acuerdo judicial el 11 de diciembre de 2013, ordenando diversas acciones, como la indemnización y las garantías de no repetición que deberían ser cumplidas por autoridades del ámbito federal y estatal.

A la fecha, indicó que a pesar del diálogo con el IMSS las medidas han sido incipientes y no se cuenta con un diagnóstico integral de su estado de salud ni una propuesta de atención integral; el daño tampoco ha sido reparado.

Por su parte, la Ssa (no ha mejorado las condiciones de la clínica de la Agencia de Morelos, municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.

Este caso, añadió Fundar, es un ejemplo de las múltiples discriminaciones que enfrentan las mujeres en la atención a la salud materna y a la justicia en razón de su condición de género, etnia, condición económica y social y discapacidad.

Frente a esta realidad, la posibilidad de que un órgano internacional como el CIDH llame a cuentas al Estado mexicano se vuelve imperante y una prioridad para avanzar en los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad y de las obligaciones del Estado, a fin de evitar que dichas violaciones vuelvan a ocurrir.

Asimismo, Fundar hizo un llamado para que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de forma inmediata, eleve al pleno el punto de acuerdo emitido por un Grupo Parlamentario y se exhorte en breve a las autoridades a cumplir sus obligaciones señaladas, como la indemnización, las medidas de rehabilitación, se garantice la educación para Epafrodito, hijo de Irene, se contrate personal capacitado y permanente en los centros de salud de Oaxaca con modelos de parto humanizado e interculturalidad, entre otros.

En la conferencia se presentó el documental #JusticiaporIrene:un camino hacia la reparación del daño, realizado por Comunicación e Información de la Mujer AC, que presenta testimonios de la familia de Irene Cruz.