La presidenta de la comisión especial que investiga el caso Tlatlaya, Elena Tapia, calificó de tardía la consignación de siete militares involucrados en la matanza de 22 personas en el estado de México. De nueva cuenta la jurisdicción castrense se extralimitó, pues mantuvo la investigación durante mucho tiempo sobre un hecho que a simple vista trascendía la mera disciplina militar. Los cargos que pesarían sobre los imputados son insuficientes, enfatizó.

La legisladora perredista consideró que el caso requiere una interpretación de los hechos a la luz de los estándares internacionales sobre el uso legítimo de la fuerza y contra las ejecuciones extrajudiciales.

Es necesario plantear sanciones contra quienes hayan incurrido en la alteración de la escena del delito, fallas en la cadena de custodia, irregularidades en la investigación, así como posibles actos de encubrimiento. Debe evaluarse sin demora la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en los ámbitos civil y militar para conocer las razones de esta tardanza, que envía una señal negativa a la ciudadanía, la cual demanda una acción decidida contra la impunidad.