Sentencia La Habana a 7 personas por robar y vender exámenes
inmediatadel contratista Alan Gross
Miércoles 5 de noviembre de 2014, p. 36
Washington.
La Casa Blanca demandó nuevamente este martes al gobierno de Cuba la liberación inmediata del estadunidense Alan Gross, detenido en la isla desde 2009, y condenado por distribuir equipos de comunicación satelital entre particulares, por cuenta del gobierno de Estados Unidos. Más aún, afirmó que el encarcelamiento del contratista constituye un obstáculo para un acercamiento entre ambas naciones.
Estados Unidos cree que Gross debe ser liberado de inmediato, ya que su detención es injustificada y es hora de que se reúna con su familia aquí en su casa
, afirmó el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El presidente Barack Obama ha sido claro en que vale la pena reconsiderar nuestra política hacia Cuba, pero siempre privilegiando las preocupaciones de Estados Unidos sobre derechos humanos y su falla en respetar los más básicos, y esto incluye la detención de Gross
, agregó Earnest.
El ex contratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USA-ID) fue detenido en 2009 en La Habana, acusado de espionaje y condenado a 15 años de prisión.
Hace dos años, Gross demandó al gobierno estadunidense y a USAID por no haberlo protegido ni asesorado de forma adecuada en su tarea, lo que contribuyó a su encarcelamiento. La demanda exige una indemnización por 60 millones de dólares.
En tanto, siete personas, casi todos profesores de preparatoria, fueron sentenciadas en Cuba a penas de entre uno y medio y ocho años de prisión por robar y vender exámenes de ingreso a universidades. Por este delito, miles de estudiantes debieron repetir sus pruebas de admisión para la educación superior, se informó este martes.
Los profesores Karel López y Arian Valdés fueron sentenciados a cuatro años de cárcel; Daisy Márquez a tres, Bárbara Gómez a dos años y medio, Lázaro Fernández a dos años, y Víctor Romero a año y medio. Además, Leonardo Mosés Viera, jefe de brigada de la imprenta del Ministerio de Educación, recibió sanción de ocho años de prisión.