Las tres principales fuerzas políticas en la Cámara de Diputados anunciaron que, después de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la consulta popular, se iniciará un proceso para modificar la reciente reforma al artículo 35 de la Constitución, a fin de evitar cualquier interpretación de los ministros.

El vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, dijo que al tricolor le habría gustado que se formalizara la opinión que ya tienen los ciudadanos para reducir en 100 el total de 500 diputados y en 32 los senadores electos por la vía plurinominal.

Añorve expuso que en caso de que sea necesario un cambio al artículo 35 constitucional en materia de la consulta popular, el PRI está abierto a discutir cualquier iniciativa propuesta por otros grupos parlamentarios.

El domingo, el coordinador de los diputados priístas, Manlio Fabio Beltrones, anticipó que se propondrá revisar la ley de consulta popular para eliminar cualquier interpretación subjetiva de la evaluación que le corresponde a la SCJN sobre las preguntas, para hacer de aquél un instrumento eficaz de democracia participativa.

José Trejo, coordinador del Partido Acción Nacional (instituto político que promovió la consulta para el incremento de los salarios) en San Lázaro, informó que su bancada trabaja en una iniciativa que busca ser más claros y contundentes en los derechos de los ciudadanos a una consulta, porque ha quedado a criterio de la Corte.

El presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática –que promovió la consulta sobre la reforma energética–, expuso que si para los ministros no quedó claro el mecanismo de la consulta, la Cámara de Diputados debe perfeccionar la ley.

Hay una verdad jurídica y a ella nos ceñimos: INE

En tanto, en un comunicado, el presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, afirmó que su partido promoverá por vías alternas la reforma constitucional respectiva, a efecto de dar cauce a esta demanda ciudadana, ya que su planteamiento y su discusión son inaplazables.

En el Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero Marco Antonio Baños consideró que para futuras consultas ciudadanas será mejor que primero se planteen las preguntas y posteriormente el partido político se aboque a reunir las firmas entre la ciudadanía.

Lo anterior, para que la Corte determine si las preguntas son viables o no, y que después (los partidos) pudieran buscar el respaldo popular; ese es el tema que me parece estará en la mesa de discusión en una próxima reforma a esa legislación.

Sobre la advertencia perredista de que acudiría a instancias internacionales para que resuelvan, en su caso, la consulta popular respecto de la reforma energética, el también consejero del INE Arturo Sánchez Gutiérrez consideró que “el respeto a las instituciones es lo que nos fortalece más como órganos electorales, de justicia o legislativos.

Es un derecho acudir a instancias internacionales. Lo que sí sabemos nosotros como institución es que hay una verdad jurídica y a esa nos ceñimos.