Treinta y cinco de cada 100 mexicanos tendrán una pensión al terminar su vida laboral, ya que el sistema de pensiones conformado por las instituciones de seguridad social del país sólo cubre una tercera parte de la población económicamente activa (PEA).

Esto es porque el sistema de pensiones de México adolece de diversos problemas: baja cobertura nacional, dispersión de esquemas, debido a que se tienen registrados 105 modelos de pensión según cada dependencia e instancia pública, y bajas tasas de remplazo, por lo que las pensiones serán mínimas.

En el contexto del taller Investigaciones y evaluación de los sistema de pensiones en México, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM), la coordinadora del mismo y experta en el tema, Berenice Ramírez, planteó lo anterior y sostuvo que 65 por ciento de los trabajadores del país no van a tener una pensión, por lo que para la gran mayoría será muy difícil sostenerse, luego de que dejen de laborar.

Habrá por tanto una gran generación de jubilados pobres en el país, indicó y agregó que la reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 tenía, entre otros objetivos, ampliar la cobertura de trabajadores bajo los esquemas de seguridad social; sin embargo, luego de dos décadas lo que ha crecido es el empleo informal no protegido.

En entrevista, explicó que el sistema pensionario está dando bajas tasas de remplazo, por lo que los trabajadores tendrán al momento de su jubilación pensiones mínimas.

Además, las nuevas condiciones del mercado laboral, donde hay mucha movilidad de trabajadores e informalidad y pululan esquemas de contratación como por honorarios, están dejando fuera de esta prestación a muchos trabajadores.

Prevalece por ejemplo el outsourcing, que no ofrece garantías laborales y a la par hay alrededor de 7 millones de trabajadores que están en empresas que no brindan seguridad social.

La investigadora sostuvo que el tema de las pensiones presenta muchos lastres y sobre todo una gran dificultad, porque sólo uno de cada tres trabajadores tendrá derecho a este beneficio.

Se pronunció por que en este momento el gobierno realice un diagnóstico claro y certero de la situación actual de las pensiones, porque tampoco hay una gran solvencia financiera para pagar o cubrir este derecho a todos los trabajadores que lo tienen. Un punto central, según la experta del IIE-UNAM, es que este tema implica recursos públicos, ya que por haberse hecho la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como se hizo, muchas de las pensiones en curso de pago las sigue cubriendo el gobierno, y por tanto la deuda pública aumenta y las obligaciones estatales se elevan de manera permanente.

Este problema tiene que ser analizado con una visión económica, demográfica, sociológica y hasta antropológica. Esto porque uno de los temas que ahora surgen entre los especialistas en pensiones es el costo de la salud, porque la transición demográfica conlleva un aumento de riesgos epidemiólogicos para la gente mayor de 65 años en enfermedades costosas, que no están contempladas en los presupuestos del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde, además, ya hay un grave problema de atención, tiempos de espera, abasto de medicamentos, entre otros muchos y graves problemas, comentó.

Berenice Ramírez indicó en este foro que también es fundamental medir el impacto en las finanzas públicas, para atender los sistemas de pensiones y de atención en salud de los futuros pensionados.

De acuerdo a los análisis que ha elaborado la experta sobre el tema, lo que visualiza para el futuro cercano es un porcentaje bajo de trabajadores que cubran los requisitos para tener una pensión digna, y que 65 o 70 por ciento de los trabajadores no podrán contar con una pensión.

Es decir, una gran mayoría de trabajadores llegarán a la tercera edad como pensionados pobres o, lo peor, sin pensión, ya que las reformas no vieron por estos sectores y en cambio dan millonarios recursos de los fondos de ahorro de los trabajadores al sector privado, por conducto de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que no resuelven el problema de la seguridad social para las mayorías, concluyó.