La presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la petista Miriam Saldaña, informó que en lo que lleva suspendida la norma 26 el impacto económico para el DF ha sido de aproximadamente 30 mil millones de pesos, que se traducen en 40 mil viviendas no construidas.

La legisladora explicó que la inversión de las empresas inmobiliarias está detenida en la capital del país, debido a un vacío legal, y en consecuencia las obras y proyectos de construcción han caído 50 por ciento, con lo que se agudiza el rezago en la edificación de viviendas.

Como salida a esta situación, la legisladora afirmó que la iniciativa de ley de vivienda propuesta recientemente a la ALDF, resuelve y atiende de manera sustancial, con visión de futuro, las necesidades del sector, a fin de no dejar lagunas que permitan los malos manejos o interpretaciones erróneas que terminen en actos de corrupción o de falta de transparencia.

Con el propósito de explicar la situación, Saldaña expuso que el aplazamiento es de 115 mil casas, aproximadamente, que se dividen en 55 mil 410 viviendas nuevas y 58 mil 916 acciones de mejoramiento.

La demanda de vivienda de 49.13 por ciento es de la población que tiene ingresos de menos de ocho salarios mínimos al mes, pero sólo 46.2 por ciento es atendida por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal.