El jueves pasado la Secretaría de Gobernación presentó un paquete de adiciones al proyecto de ley de juegos y sorteos –que trabajan el Poder Legislativo y la administración federal–, en el que destaca, por una parte, cerrar el paso y prevenir el lavado de dinero mediante la inclusión de la Secretaría de Hacienda, a la que todos los solicitantes de permisos deberán declarar su observancia de la ley antilavado.

Los solicitantes deberán presentar un reporte sobre el cumplimiento de sus obligaciones hacendarias y ajustarse a los lineamientos de la SHCP.

No obstante, una de las pretensiones del gobierno federal –que fue rechazada ya por la oposición en San Lázaro–, abriría la puerta a crear minicasinos: cualquier persona física podrá solicitar un permiso para explotar menos de 30 máquinas tragamonedas. Esos artefactos tendrían que ser los mismos que operan en los grandes casinos, y no las máquinas chinas que ya se encuentran instaladas en pequeños negocios, farmacias o tiendas de abarrotes. Esa situación fue considerada fuera de lugar, porque de aceptarse en México impulsaría abiertamente la ludopatía.

El proyecto sostiene que los permisos sólo se otorguen a quienes estén al corriente con sus obligaciones para detectar y prevenir el lavado de dinero, y que esta actividad no sea medio para operaciones ilícitas.

La Secretaría de Gobernación, por conducto de su Dirección de Juegos y Sorteos, propone tres modificaciones sobre el particular: la obligación de los solicitantes de declarar que están al corriente en las obligaciones derivadas de la ley antilavado de dinero; la obligación de solicitar a la Secretaría de Hacienda un reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones antilavado, y la facultad de la Hacienda de emitir y verificar lineamientos específicos sobre el combate al lavado de dinero en materia de juegos y sorteos, cuyo incumplimiento daría lugar a una revocación del permiso.

Una nueva propuesta de la autoridad propone la integración de un consejo consultivo, integrado con representantes de las secretarías de Estado involucradas, y de invitados especiales que tendrían voz y podrían ser autoridades de otros órdenes de gobierno, instituciones académicas, organizaciones internacionales y especialistas en la materia.

Dicho consejo tendría facultades sobre decisiones relativas al fomento jurídico, desarrollo regional, seguridad pública y prevención del delito, dado el carácter consultivo.

En el apartado de sanciones, el proyecto dice que las infracciones muy graves tendrán como consecuencia necesaria la revocación del permiso.

También se elimina la prohibición absoluta de operar salas VIP. Y éstas, serán reguladas de acuerdo con el artículo 34 del reglamento de juegos y sorteos.

La ley sujetaría a los operadores a las mismas reglas que a los permisionarios cuando ocurra un cambio accionario.

Y aunque las personas físicas podrán solicitar un permiso para explotar menos de 30 máquinas tragamonedas, se precisa que deberán cumplir los mismos requisitos que los permisionarios de casinos.