l sistema político está agotado y en crisis. El desenlace puede hacerse esperar, pero no tiene remedio. El gobierno carece de recursos y talento para una salida democrática. No puede dar un golpe de timón y hacer justicia, se lo impide la regla de oro de la impunidad. Parece convertido, como lo señala Raúl Zibechi, “en un aparato de orientación criminal donde se fusionan el narco y los políticos para controlar a la sociedad… un Estado fallido construido en las dos últimas décadas”. Tampoco puede anular el impulso de una sociedad agraviada y cada vez más inconforme.

El ataque a AMLO resulta frívolo: la exhibición de fotografías donde aparece con la pareja Abarca-Pineda, presuntos responsables de la matanza, no es una prueba. En sus giras, AMLO se toma miles de fotos con gente que ni conoce. No hay ningún indicio de que Abarca lo hubiera apoyado con dinero o que AMLO fuera su padrino político y financiero, y sí es evidente que el gobierno de Peña sabía, al menos desde 2013, de la existencia de Guerreros Unidos y sus vínculos con el PRI y el PRD locales… y no hizo nada. Alejandro Encinas ha apuntado que la campaña de calumnias obedece a la preocupación del PRI-gobierno por la capacidad de convocatoria del tabasqueño y el posible crecimiento electoral de Morena.

Es obvio que incriminar a AMLO es un truco para desviar la atención que empieza a concentrarse en el presidente y sus colaboradores, responsables políticos y jurídicos de resolver las desapariciones de Ayotzinapa. Esta maniobra perversa es congruente con la cerrazón del régimen, que intenta restaurar al viejo PRI en una sociedad que ha cambiado a profundidad. Es cierto que el Congreso está controlado: apoyó las reformas estructurales repudiadas por la mayoría de la población, también lo es que la Suprema Corte ha perdido la autonomía que le otorgó la reforma del 94, como lo demuestra la absurda sentencia que rechazó las consultas para la reforma energética, en violación a los derechos humanos de la población, como lo señaló en su voto particular el ministro José Ramón Cossío. Pero tampoco Peña puede ordenar la represión generalizada porque su situación es débil y carece de legitimidad. Reprimir podría ocasionar una respuesta masiva e inmanejable: no podemos descartarla si el equipo gobernante llegara a un extremo de exasperación.

¿Cómo imaginar los escenarios de salida? El crimen organizado, asociado en firme con la clase política y los medios, ha logrado adormecer a la población y bloquear un movimiento capaz de ponerlos en jaque. Parece que se trata de ganar tiempo y estimular la negación colectiva: nadie quiere violencia y desorden. Todos preferirían la normalidad. Pero ésta no volverá en mucho tiempo. Creer que el régimen es eterno es infantil. Dentro de poco nos daremos cuenta que ganar la democracia es una empresa colectiva y que no podrá venir de una iniciativa del régimen.

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