Guadalajara, Jal.

Los alrededores del mercado San Juan de Dios, en el centro de Guadalajara, permanecen custodiados por decenas de policías antimotines, quienes con vallas impiden que los comerciantes ambulantes vuelvan a instalarse luego de que el viernes fueron desalojados por los uniformados.

Las cuatro personas detenidas durante el vandalismo y saqueo con que terminó el enfrentamiento fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado y sujetas a término constitucional mientras son revisados los videos de las cámaras de seguridad.

Testimonios de ambulantes coinciden en que la actitud prepotente de las autoridades a la hora de hacer el decomiso de su mercancía, como parte del reordenamiento del comercio en la ciudad, fue lo que propició el zafarrancho, en el cual fueron dañados el mobiliario urbano y cinco vehículos (tres de ellos calcinados), además fue saqueada una tienda Oxxo.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Carlos Nájera, quien ayer culpó a la policía de Guadalajara y a los agentes de la Procuraduría General de la República de montar un operativo que se les salió de las manos, difundió después un comunicado en el que se retractó, luego de comprobarse que 25 agentes de su dependencia también estuvieron presentes desde antes de que comenzara la trifulca y la posterior huida, por prudencia, de todos los funcionarios, quienes fueron correteados por una turba que les arrojó piedras y lesionó a dos policías viales.

Según la lista que dio a conocer el ayuntamiento de Guadalajara, la fiscalía tuvo el segundo mayor grupo de agentes en ese operativo sólo debajo de la policía municipal, que mandó 49 uniformados. La PGR envió 20 y los 45 restantes fueron de Inspección y Vigilancia y hasta nueve oficiales del Instituto Nacional de Migración.

El secretario del ayuntamiento de Guadalajara, Jesús Lomelí Rosas, declaró la noche del viernes que el operativo no se les salió de control y si se ordenó la retirada fue por prudencia, para evitar lo que hubiera podido ser un enfrentamiento de grandes dimensiones.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió el acta 66/2014/II, turnada a la segunda visitaduría general, para vigilar sin prejuzgar el actuar de las autoridades municipal y estatal, además de que se respete el derecho a la legalidad de las personas a quienes se les haya sorprendido en flagrancia cometiendo alguna infracción o delito.