La Secretaría de Gobernación (SG) teje una red de vigilancia en cuanto al uso de los recursos públicos, con el propósito de reconciliar a la ciudadanía con las autoridades.

De igual manera, busca recuperar la gobernabilidad y la confianza de los pobladores, específicamente en las comunidades con mayor nivel de violencia e impunidad, como en Guerrero, al menos en cuanto al gasto presupuestal relacionado con la atención a las causas de la violencia.

Eunice Rendón, directora de coordinación intersecretarial de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SG, dijo que desde la perspectiva de la población, el desencanto general con las instituciones es notorio, más allá de aciertos y fracasos.

Por tanto, señaló, el plan nacional antidelito hace énfasis en la reconciliación de la ciudadanía con las autoridades, al facilitar los procesos de transparencia y rendición de cuentas, al menos en materia de seguridad.

La cobertura vigente del programa para atender las causas de la inseguridad y la violencia incluye 73 demarcaciones (94 municipios y cinco delegaciones del Distrito Federal). Su presupuesto es de poco más de 2 mil 500 millones de pesos, y de acuerdo con el proyecto, en 2015 será el mismo.

Con recursos públicos se levanta actualmente la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, identificada como Ecopred. La meta es medir los niveles de cohesión social en el país, así como de confianza en las instituciones y percepción del desempeño de las autoridades.

Durante un taller realizado en Gobernación sobre prevención social de la violencia y la delincuencia, dirigido a organizaciones civiles, Rendón dijo que el gobierno de la República apuesta por una política de seguridad pública integral, con énfasis en la prevención social.

Con base en el concepto de proximidad social, el Plan Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia entiende que la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública es fundamental para garantizar respuesta integral a los problemas de este tipo.

Por un lado, seleccionarán a casi un centenar de ciudadanos para vigilar la aplicación de los programas y el adecuado uso de los recursos. Estos voluntarios tendrán un apoyo económico de 55 mil pesos, cada uno. Gobernación pondrá también en operación un portal de transparencia, con el compromiso de que se ofrecerán detalles de proveedores y beneficiarios del plan antidelito. Con la Secretaría de la Función Pública trabaja en una nueva modalidad de vigilancia denominada auditorías preventivas, porque un programa sólo puede ser exitoso si es transparente, en opinión de la Subsecretaría de Prevención.