El ofrecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de brindarle asistencia técnica al Estado mexicano en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos es una muestra de que la incapacidad de las autoridades nacionales para cumplir con sus labores básicas cada vez es más evidente a nivel internacional.

Así lo afirmaron activistas de organizaciones de la sociedad civil, quienes lamentaron que ante los señalamientos por la crisis de derechos humanos que vive el país, el gobierno mexicano siga contestando que ha enfrentado la situación con leyes, protocolos e instituciones, sin mencionar que éstas no funcionan.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló en entrevista desde Washington que la oferta de la CIDH a las autoridades nacionales significa una muestra clara de que a escala internacional ya hay conciencia de que México está atravesando por un momento de crisis que no ha podido resolver.

La prioridad es hallar a los 43 normalistas, pero la comunidad internacional también entiende que este no es un caso excepcional y aislado, sino que evidencia una serie de problemas muy graves que deben abordarse de manera urgente, explicó la activista.

Brewer lamentó que la única respuesta del gobierno mexicano a las críticas sea repetir que tiene diversos protocolos, leyes e instituciones contra la violencia. Es un diálogo disfuncional, porque nosotros seguimos hablando de hechos y de resultados.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19, coincidió en que la propuesta de la CIDH denota que el Estado mexicano está rebasado en sus capacidades para investigar los hechos de Iguala.

Como única defensa ante los señalamientos críticos en México y el extranjero, añadió, el gobierno se remite a una serie de políticas y leyes que no se aplican y no tienen ninguna efectividad. Una vez más, hacen un listado de buenas intenciones, pero éstas nunca se materializan.

La gravedad de lo ocurrido en Ayotzinapa, abundó, simplemente ha dejado al desnudo que aquellas políticas que el Estado quiere presentar como exitosas ente organismos internacionales en realidad son ineficientes. Esa imagen construida con tanta cautela ha quedado totalmente vulnerada.