Morelia, Mich.

Policías estatales detuvieron la mañana de este viernes a Desiderio Camacho Garibo, quien fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante el gobierno del perredista Leonel Godoy Rangel (2008-2012), acusado de lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable, informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

El también ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene propiedades con un valor comercial de más de 100 millones de pesos cuya procedencia no pudo comprobar, agregó Castillo en rueda de prensa.

Con base en datos del Registro Público de la Propiedad, la averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado señala que Camacho Garibo ocultó declarar más de 21 propiedades, entre ellas tiendas de autoservicio, clínicas, spas y escuelas de nivel básico, además de residencias en zonas exclusivas de Morelia y Lázaro Cárdenas.

La acusación se realiza con un dictamen de los predios, sin contar el valor de la construcción, menaje y accesorios de las propiedades. Las investigaciones continúan y el número de bienes no declarados se podría incrementar en los próximos días, una vez que las autoridades del catastro informen sobre este asunto.

Adicionalmente se pudo detectar por un informe emitido por la Dirección de Ingresos del gobierno del estado que el hoy detenido poseía más de ocho vehículos de lujo, de reciente modelo, que utilizaba para su transporte y el de su familia. Así como una lancha para pesca deportiva localizada en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Destacó que la mayoría de las propiedades no fueron reportadas ante las autoridades y que en su mayoría se encuentran a nombre de su esposa e hijas.

El ex servidor público realizó también una inversión a nombre de su familia por 15.9 millones de pesos para la construcción del Centro Médico de Especialidades Santa Clara, ubicada en Lázaro Cárdenas, sociedad que emprendió en 2010 cuando era secretario de Obras. Será también materia de proceso el inventario del valor total del equipamiento de la clínica como laboratorios, camas, farmacia y quirófano, entre otros.

La PGJE dará vista a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría Fiscal para que inicie las investigaciones por los delitos tributarios que puedan desprenderse. Además, se informará a la coordinación de la Contraloría del gobierno estatal para que inicie la investigación y finque las responsabilidades administrativas que correspondan.

El ex funcionario fue aprehendido en el centro de Morelia. Vestía pants y gorra deportiva. De inmediato fue trasladado a la agencia del Ministerio Público para que rindiera su declaración.

El gobernador Salvador Jara Guerrero afirmó que no hay móvil político en la detención del ex funcionario, pues desde que yo llegué no se ha visto preferencia por nadie, porque la ley es la ley. Insistió que se tiene que ser muy cuidadoso en los arrestos, ya que sería grave culpar a inocentes, pero lo grave es que estén en libertad quienes hayan delinquido.

Dijo que este tipo de detenciones no afectarán el proceso electoral que culminará con los comicios del primer domingo de junio, al contrario, lo que pretendemos es dar certidumbre y recuperar la confianza de la sociedad michoacana.

Segundo escándalo

Camacho Garibo también fue dirigente estatal perredista, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y director de espacios educativos en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel.

La dirigencia estatal del PRD pidió que el proceso penal sea apegado a derecho y aclaró que no respaldará a nadie que haya actuado al margen de la ley ni utilizado recursos públicos para beneficio propio. En un comunicado de prensa, el dirigente Carlos Torres Piña dijo que la acción de la justicia no debe ejecutarse con cálculos político-electorales ni selectivamente.

Camacho Garibo es el segundo funcionario de primer nivel detenido recientemente por desvío de recursos. El anterior fue Humberto Suárez López, quien fue tesorero y secretario de Finanzas durante las administraciones de Cárdenas Batel y Godoy Rangel. Suárez enfrenta el proceso en libertad tras haber pagado fianza de 50 millones de pesos, la más alta de la historia en Michoacán.