El director en jefe del Registro Agrario Nacional, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, informó que durante el próximo año la dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de regularizar los 16 mil predios de propiedad social donde se ubican planteles educativos de todos los niveles.

Dijo que estas escuelas están en la incertidumbre jurídica al no contar con títulos de propiedad o escrituras públicas de los predios donde se asientan, lo cual las hace vulnerables a cualquier cambio de uso de suelo o giro, y están en riesgo frente al avance cada vez más rápido de la construcción de vivienda y espacios comerciales.

Señaló que en esta tarea se han dado avances importantes, pues en la presente administración federal se han expedido más de 5 mil títulos de propiedad para infraestructura educativa, de prescolar hasta superior.

Acosta Gutiérrez reconoció que hay riesgo para los planteles. De acuerdo con datos del propio Registro Agrario, sólo en los estados de Morelos, Guerrero y Tabasco existen más de 20 escuelas que han sido despojadas de sus instalaciones por carecer de certeza jurídica sobre la superficie donde se ubicaban, además de que existen otros tantos litigios en varias entidades federativas.

Entrevistado al término de la firma de un convenio de colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), que busca resolver precisamente este problema, el funcionario señaló que este convenio pretende tener un primer diagnóstico sobre la situación de propiedad de los 151 planteles –de un total de 309 con que cuenta el Conalep– que se encuentran en predios de propiedad social.

Incluso, precisó que el asentamiento de estos planteles en terrenos de propiedad social es frecuente, no sólo porque 52 por ciento de todo el territorio nacional tiene este tipo de propiedad, sino porque regularmente ejidos, comunidades agrarias o autoridades municipales donan o ceden terrenos para la construcción de escuelas, pero nunca se regulariza la propiedad.

Precisó que a escala nacional el Registro Agrario realiza un levantamiento y cruce de información, y se estima que hay unos 16 mil terrenos de propiedad social donde hay infraestructura educativa.