Las comisiones de Derechos Humanos y la de Justicia del Senado recibieron en audiencia pública a 13 organizaciones de la sociedad civil, en el contexto del proceso de elección de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Integrantes de las comisiones legislativas apremiaron a reconstruir el prestigio que ha perdido ese organismo, que se acerque a las víctimas, ya que está lejos de ellas, y sostuvieron que no es un referente moral ni legítimo ni está a la altura de la crisis de derechos humanos que se vive en el país.

Las organizaciones fueron convocadas por las comisiones legislativas que organizan el proceso de elección del presidente de la CNDH.

Grupos civiles y expertos en derechos humanos aseguraron que de 2009 a 2013 en promedio sólo 3.4 por ciento de las recomendaciones que emitió el ombudsman nacional fueron cumplidas a cabalidad.

Destacaron que cada recomendación ha tenido un costo de casi 16 millones de pesos, lo que va más allá de lo absurdo.

Ximena Andión, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que la CNDH es una institución que tiene una grave ineficiencia operativa. Cada vez es más bajo el número de quejas que se convierten en recomendaciones, menos de uno por ciento, y en promedio 13 por ciento de éstas son rechazadas por las instituciones.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, refirió que el actual titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, no contó con el respaldo de la sociedad civil, lo que propició mayor alejamiento ciudadano.

Ana Laura Magaloni, integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas, destacó que de 2009 a 2013 se presentaron 8 mil 700 quejas al año, y sólo uno por ciento concluyó en recomendación.

En promedio la CNDH emitió 87 recomendaciones al año, y en suma podemos decir que sólo tres recomendaciones fueron acatadas a cabalidad por la autoridad. Señaló que ese organismo tuvo en 2013 un presupuesto de mil 400 millones de pesos, mientras el del Instituto Federal de la Defensoría Pública, la mejor defensoría que tenemos, fue de 15 millones de pesos.

Carlos Mendoza, de México Unido contra la Delincuencia, aseveró que la CNDH debe dejar de ser una oficina burocrática que reacciona tarde en función de cálculos políticos o intereses personales y, en ocasiones, facciosamente en detrimento de los derechos humanos.

En esa accidentada reunión, Isabel Miranda de Wallace (quien hace cinco años impulsó en el Senado la candidatura del actual titular de la CNDH) aseveró que en Guerrero “el ombudsman nacional detectó, advirtió e informó del debilitamiento y las violaciones que se estaban cometiendo en esa entidad, en 64 municipios y 37 comunidades”, y señaló: usted, senadora Angélica de la Peña (del sol azteca), pretende evadir su responsabilidad y la de su grupo político, acusando de omisa a la CNDH, pero existen pruebas “de que el ombudsman le notificó la situación que se vivía”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, demandó a Wallace no personalizar: le pedimos que no haga juicios de valor.

También la panista Adriana Dávila solicitó que las organizaciones expusieran su visión sin personalizar ni hacer juicios.